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La Unión culpa a bodegueros y administraciones de pérdidas en el sector vinícola de 124 millones

Un temporero recoge uva en la campaña de vendimia. Imagen de archivo

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La Unión Extremadura prevé unas pérdidas de alrededor de 124 millones de euros en el sector vinícola regional, ocasionadas por los industriales con la complicidad de las administraciones, al ponerse de acuerdo las bodegas extremeñas en pagar el kilo de uva a menos de 14 céntimos cuando la producción cuesta, esta campaña, unos 40 céntimos el kilo.

El secretario de la organización, Luis Cortés, ha indicado que esta situación es debida a que “las dos administraciones implicadas en esta situación no están haciendo absolutamente nada para evitarlo”. Por un lado, ha reconocido Cortés, “el Ministerio de Agricultura aprobó la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, pero no se encuentra en vigor en cuanto al establecimiento de los costes de producción para que no se pueda contratar uva por debajo de los mismos”. Por otro, “la Junta de Extremadura no ha hecho públicos los costes de producción elaborados por el observatorio de precios”.

Según Cortés, “los precios impuestos por los industriales son ruinosos teniendo en cuenta que esta campaña se prevé una reducción de entre el 25 y el 30 por ciento de la cosecha debido a la falta de precipitaciones, circunstancia que debería haber traído consigo un aumento del precio del producto”.

También ha indicado que el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha realizado unas declaraciones en las que “aboga por disminuir la superficie de regadío y recortar las concesiones de explotación hídrica”, mientras la Junta de Extremadura sigue fomentando la transformación en regadíos de varias comarcas extremeñas. Es por ello que “no se entiende de dónde tiene previsto sacar el agua la Junta de Extremadura para los nuevos regadíos, ya que esta campaña se van a quedar sin regar más de 40.000 hectáreas en la región y los pantanos más importantes de la cuenca del Guadiana (Cíjara y La Serena) se encuentran por debajo del 20 por ciento de su capacidad y todas las previsiones climatológicas informan de un descenso de las precipitaciones en las próximas campañas”.

Por este motivo, La Unión ha exigido a la Junta de Extremadura que se realice “un estudio realista, sobre las disposiciones de agua para riego antes de seguir adelante con las expropiaciones”, ya que “no se pueden seguir haciendo inversiones y gastos de millones de euros sin la certeza de que efectivamente se van a poder regar las tierras afectadas”. 

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