Cancelar un expediente arbitrariamente es delito, dice la Junta sobre la mina de litio

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha aclarado este jueves, en referencia a la mina de litio, que la Junta de Extremadura no puede vetar ningún proyecto de entrada, ni cancelar expedientes de forma arbitraria y sin justificación, porque es “un delito”.

En una comparecencia a petición propia ante el Pleno de la Asamblea, ha detallado la situación administrativa de los cuatro expedientes abiertos en relación con el proyecto de la mina de litio en Cáceres.

Ha recordado que el primero de ellos, la solicitud de un permiso de investigación sobre dos cuadrículas mineras, está en fase de información pública tras retrotraerse el proceso.

Otro de investigación para 45 cuadrículas está pendiente de un informe de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, después de que también se revocará el permiso debido a los recursos presentados.

El tercero, denominado “San José”, para investigar en la misma superficie de los dos anteriores, 47 en total, no se puede tramitar hasta que no concluyan los dos anteriores, y el cuarto expediente, para un permiso de exploración en 315 cuadrículas mineras, está en fase inicial.

Al inicio de su intervención, ha aclarado que no comparecía para “dar titulares”, sino para exponer de forma “aséptica y precisa” el alcance de expedientes para evitar interpretaciones erróneas.

La consejera ha asegurado que la Administración regional no opina sobre notas de prensa ni reuniones ni fichajes, ya que se actúa con criterios objetivos, sin posicionamientos previos, y con respeto a la ley y la autonomía municipal.

Por el interés general, ha reclamado “prudencia, rigor y transparencia” a todas las partes, a las que ha mostrado su respeto.

La consejera ha asegurado que la Junta “no negocia con nadie” y ha rechazado las acusaciones de “oscurantismo” y “connivencia” que les han lanzado, además de recalcar que no ha cambiado de posición

García ha denunciado que a algunos solo les importa “el ruido y el escándalo”.

Unidas Podemos

La portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ha dado la bienvenida a los miembros de la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres que asistían al debate, ha denunciado las “irregularidades y opacidad” que ha habido desde el principio del proyecto.

Sin la movilización de los ciudadanos, ha afirmado, hubiera contado con una “alfombra roja” por parte de la Administración.

De Miguel ha señalado que las empresas han “jugado” con la Junta como “trileros”, ya que han cambiado en varias ocasiones de nombre, y ha planteado qué va a ser primero, la sanción medioambiental por abrir caminos o el permiso investigación, porque éste les eximiría de restaurar el terreno.

A su juicio, es “sospechoso” que la empresa promotora anuncie que comenzaría a operar en 2023 cuando no tiene ningún permiso concedido.

A De Miguel le habría gustado que la consejera hubiese anunciado la anulación

Cayetano Polo, de Ciudadanos, también esperaba algo más de la consejera, ya que se quedado en cuestiones técnicas.

Ha criticado que vengan unos empresarios con dinero y los socialistas se pongan detrás de las pancartas, por lo que ha reclamado seguridad jurídica y no trasladar inestabilidad a los inversores.

Con casi 100.000 parados en Extremadura y un Cáceres sin alternativas, a su juicio habría que poner una “alfombra roja” a los promotores de la mina hasta ver si el proyecto es viable y cumple con la normativa.

El diputado popular Bibiano Serrano ha recalcado que la consejera “ha venido a rastras” al Parlamento y ha acusado a la Junta de cometer una “chapuza”, a pesar de que hable de seguridad jurídica.

Ha preguntado por los expedientes sancionadores y ha pedido a los socialistas que se comprometan a no usar la figura del PIR ni a cambiar el Plan General Municipal (PGM).

Carlos Labrador, del PSOE, ha criticado el cambio de actitud de los populares cacereños, ha asegurado que ni habrá PIR ni cambio del PGM, y que subrayado que como la decisión final en este asunto es del Ayuntamiento, no habrá mina si la ciudad no la quiere.