Upa-Uce pide a la Junta que abandone su obsesión de controlar políticamente Acorex
La delicada situación del que hasta poco era la mayor empresa regional por volumen de facturación está provocando inquietud no solo entre los trabajadores del grupo y las miles de familias integradas en sus cooperativas sino en todo el campo extremeño que teme que un revés para el grupo cooperativa se convierta en una debacle para la agricultura regional.
El secretario regional de la organización agraria UPA-UCE Ignacio Huertas ha pedido al Gobierno de Extremadura que “deje la obsesión por controlar políticamente la cooperativa que para lo único que ha servido es para provocar más división y enfrentamientos, y se implique en el futuro de Acorex”.
El análisis que Huertas hace de la situación del grupo cooperativa apunta directamente a la responsabilidad de la Junta en la crisis que padece Acorex, y avisa que la situación del grupo es “dramática”.
Fuentes consultadas por el diarioex apuntan en esa misma dirección a la hora de analizar el problema Acorex: una deficiente gestión profesional, más preocupada de las directrices políticas gubernamentales, a través de la vicepresidenta Cristina Teniente, que de liderar un importante grupo cooperativo al que hace ya muchos meses se le están rompiendo casi todas las costuras.
Situación de bloqueo
“Acorex, tras años de Gobierno del Partido Popular, está en una situación de bloqueo económico; con un problema de financiación que el Ejecutivo extremeño no se toma en serio; y con las tres cooperativas más grandes del grupo pidiendo la baja. Y mientras esto ocurre, el Gobierno regional aprueba en la Asamblea de Extremadura un plan que sistemáticamente incumple. Porque ni en ACOREX hay paz social entre los socios, ni se tiene un plan económico para afrontar el futuro, ni parece que el objetivo sea que la estructura siga siendo extremeña”, afirma Huertas.
Por otro lado UPA-UCE se “opone frontalmente” al anteproyecto de Ley Agraria para Extremadura, que Huertas define como “una falta de respeto a los agricultores y ganaderos”. El secretario general de UPA-UCE considera que “aunque el Gobierno regional quiera vender esta ley como y moderna, no es más que un conjunto de leyes antiguas que no tienen en cuenta lo que realmente necesita el sector”.
El proyecto de Ley Agraria constituye uno de los objetivos estrellas del Gobierno en este tramo final de la legislatura. Según la Junta, una de sus rasgos más importantes es que reserva por ley un 25% del presupuesto regional para el sector agraria y también pretende modernizar diversas disposiciones y normas agrarias ya existentes.
Huertas ha querido hacer hincapié el dictamen del Consejo Económico y Social de Extremadura, aprobado por unanimidad y que califica la ley poco “creíble” al carecer de memoria económica que “sustente la promesa electoral de destinar el 25% del presupuesto autonómico a la agricultura y la ganadería extremeñas”. El CES también rechaza la Ley de Representatividad Agraria incorporada en el Anteproyecto por “no contar con suficientes garantías democráticas”, por lo que Huertas anuncia que la organización se reunirá con otras organizaciones como la COAG, que ya ha mostrado su rechazo a la Ley; y con los Grupos Parlamentarios para evitar la aprobación de esta Ley.
