Investigan la destrucción de una iglesia de origen visigodo en Jerez de los Caballeros

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga el derribo de casi la totalidad de la iglesia de Santa María de Brovales (Jerez de los Caballeros, Badajoz), erigida en época visigoda sobre un yacimiento romano y de la que ahora solo queda en pie la puerta de acceso oeste y la espadaña que se alzaba sobre esa zona del templo.

Este martes los técnicos de la Unidad de Protección del Patrimonio de la Junta de Extremadura se han desplazado a la finca privada en la que se encuentra, en el término municipal de Jerez, para evaluar los daños en este bien patrimonial, según informan a la agencia Efe desde la Consejería de Cultura.

“Suceden cosas con una periodicidad que nos parece excesiva a todos los que nos dedicamos a estos temas, pero algo tan impactante como esto hacía mucho tiempo que no se veía”, ha declarado el arqueólogo Víctor Gibello Bravo.

La iglesia se levanta sobre un yacimiento “muy importante” de época romana y aunque “a fecha de hoy aún no se habían realizado trabajos arqueológicos que permitieran afinar la cronología”, se cree que “la fase más antigua es de época visigoda”.

Posteriormente, cuando la Orden del Temple conquista el territorio, construye en el lugar “un oratorio de gran interés”; la ermita mantiene sus usos religiosos hasta el siglo XIX y tras su abandono ha servido como casa de campo, sigue el arqueólogo, que ve un posible delito contemplado en la ley extremeña del Patrimonio.

Ahora, sobre esos bienes, “los propietarios han decidido su demolición”, un hecho “realmente anómalo y absurdo” por el que “deberán responder en los juzgados correspondientes”.

Del templo solo quedan ya la puerta de acceso oeste y la espadaña, el resto, según Gibello, “ha sido totalmente eliminado con una retroexcavadora”.

Así, han desaparecido “la cabecera, la sacristía, las naves y todas las estructuras existentes a su alrededor que eran diversas”, algunas fruto de actuaciones “relativamente contemporáneas con la conversión de la iglesia en un cortijo o casa de campo”.

El bien patrimonial, ha recalcado, puede estar en una propiedad privada, como sucede en la mayor parte de los casos, pero eso “no significa que el propietario de la tierra pueda hacer lo que quiera con ello, es un bien colectivo y como tal ha de ser respetado, preservado y conservado en todos sus elementos”.

Su protección está amparada por la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Gibello compara la situación del antiguo templo con el de la basílica visigoda de Santa Lucía (Alcuéscar, Cáceres) que también antes de su descubrimiento en 1980 era una casa de labores agrícolas (establo) y hoy una vez recuperada y restaurada por la Junta es una de las joyas patrimoniales de Extremadura.

Elemento singular de interés

Además, la iglesia está incluida en la normativa urbanística municipal de Jerez de los Caballeros con la categoría de “elemento singular de interés prioritario” en el Catálogo de Inmuebles de Valor Artístico Histórico Arquitectónico Exteriores al Plan Especial de Protección del Casco Histórico.

El arqueólogo ha subrayado que el derribo de casi la totalidad de la iglesia es “una desgracia”, algo “imperdonable”, y los causantes del daño “tendrán que enfrentarse a lo que la justicia disponga sobre ello”.

Ha recordado que el patrimonio histórico no es recuperable, cuando “un bien histórico se pierde, se pierde para siempre” y es algo que “no nos podemos permitir”, porque “en cada bien histórico están nuestros orígenes, lo que somos” y “ninguna sanción” va a restituir el monumento.

Por ello, hay que dejar perfectamente claro que “no puede quedar impune un atentado a lo que es un bien de todos”, de ahí “la importancia de educar a la sociedad para sensibilizar sobre ello”.

Los hechos han provocado “varias denuncias”, entre ellas la de Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura) ante el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y ante la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura.

La asociación ha solicitado información sobre este derribo a ambas entidades, “por si esta agresión al patrimonio histórico ha podido tener algún tipo de respaldo legal”.

En caso contrario, ha solicitado que se tramite un expediente sancionador de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.