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El ‘banco malo’, dispuesto a vender o alquilar viviendas para su uso social

Imagen de la reunión entre la Junta y la Sareb

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El consejero de Sanidad y Políticas Sociales del Ejecutivo regional, José María Vergeles, y la secretaria general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno Duque, se han reunido este martes con directivos de la SAREB para abordar el parque de viviendas que poseen y establecer líneas de colaboración.

José María Vergeles ha calificado de “positiva” la reunión con esta entidad que cuenta con cerca de un centenar de viviendas en el territorio extremeño para usos sociales, organización que ha mostrado su disposición a estudiar la posibilidad de vender o alquilar a la Junta de Extremadura algunas de estas viviendas para su posterior destino como alquiler social por parte de la Administración autonómica.

En la reunión se ha acordado también la revisión de un convenio de colaboración, redactado en la pasada legislatura pero no firmado, en el que se van a introducir modificaciones.

Mapa de necesidades

De este modo, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales se ha comprometido a enviar a la SAREB un mapa con las necesidades de vivienda en Extremadura, mientras que el consejero les ha solicitado que incorporen alguna de sus casas al Fondo Social de Vivienda creado por el Gobierno de España y las entidades bancarias.

No obstante, la SAREB ha descartado esta posibilidad al no tratarse de una entidad financiera y, por lo tanto, no tener capacidad de participar en el fondo, aunque hay otras vías para colaborar con la Junta y ceder viviendas para usos sociales, según han explicado sus responsables.

Este fondo, cuya gestión ha recibido críticas incluso de la propia banca, fue creado para dar cobijo a las familias que hayan sufrido desalojos por impago de su hipoteca, aunque actualmente apenas llega a las 5.000 viviendas, de las que unas 40 están en Extremadura.

Aunque no participa de este fondo, SAREB lanzó en 2013 una iniciativa para ceder temporalmente a las comunidades autónomas viviendas que pudieran utilizar en sus programas sociales. De momento la entidad ha firmado convenios de colaboración con Cataluña, País Vasco, Aragón y Galicia.

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