Los alcaldes de Aguablanca: “Por encima de los técnicos están los políticos”
Sindicatos y alcaldes de municipios afectados por el cierre de la mina de Aguablanca (Monesterio) han pedido un “mayor esfuerzo” al Gobierno central en relación a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y reprochan que aunque se diga que la decisión es de los técnicos, “por encima de ellos tienen políticos”.
“Son los políticos quienes deben apretar de una vez por todas para que esta situación salga adelante”, ha indicado el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Extremadura, Miguel Talavera, tras una reunión mantenida el el viernes con la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera.
Talavera ha explicado que pese a las buenas palabras de la delegada del Gobierno, el Ejecutivo central “debe hacer un esfuerzo más allá para sacar adelante este proyecto”.
El representante de los trabajadores, Jesús Ferrero, y el secretario general de la Federación de Industria de CCOO Extremadura, Saturnino Lagar, han indicado por su parte que en cuestión de una semana la empresa finalizará la entrega de documentos en relación a la ampliación solicitada.
Se compromete a “presionar”
A partir de ahí, el “compromiso” de la delegada del Gobierno es presionar todo lo posible para que se pueda “agilizar” cuanto antes la llegada de la DIA.
En este sentido, según ha dicho el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, se ha transmitido que la delegación del Gobierno hablará la próxima semana con responsables del Gobierno central, esperanzado de que “se pueda traer ya una noticia” referente a la llegada de la declaración de impacto ambiental.
Antonio Garrote ha indicado, sin embargo, que las iniciativas hasta hoy para agilizar la DIA “no han dado resultado”, y mientras tanto la situación de los empleados “es cada vez peor”.
Por su parte, el alcalde de Cala (Huelva), Fidel Casilla, ha pedido que se impulse la llegada de esta declaración, pues “la comarca necesita estos puestos de trabajo”.
Representantes de sindicatos y alcaldes han coincidido en que han salido de la reunión “de la misma forma” que entraron, pues la ausencia de una fecha clara de llegada de la DIA sume en una “desesperanza” a los trabajadores.
“Son 400 familias que dependen de la DIA, y hasta ahora no han encontrado una respuesta del Gobierno central”, ha indicado Saturnino Lagar.
