Denuncian que más de 70 empresas extremeñas incumplen el convenio estatal de la dependencia

CCOO Extremadura ha convocado una concentración para exigir mejoras laborales en el ámbito profesional de la dependencia. Denuncia que en la región existen 72 empresas que incumplen el convenio estatal con convenios inferiores o descuelgues salariales.

La protesta tendrá lugar el próximo 14 de diciembre frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, según ha anunciado este jueves en rueda de prensa la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, junto a la secretaria de Organización, Rosa Rodríguez, y la secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad, Paqui Gómez.

Con ello el sindicato quiere denunciar la situación ‘injusta’ de este colectivo altamente feminizado cuyas condiciones laborales son las más precarias. Han detectado en la región casos de incumplimiento del convenio estatal que regula las condiciones laborales de trabajadores en residencias de ancianos, ayuda a domicilio y teleasistencia.

En concreto alerta de que 35 empresas suscribieron un convenio por debajo de lo que marca el sectorial y 37 se descolgaron de la cuantía salarial pactada, ha detallado, informa la Agencia Efe.

Chacón ha instado al Gobierno central a poner en marcha las medidas “necesarias” para que la Ley de Dependencia sea una realidad y derogar la reforma laboral que ampara las condiciones de trabajo precarias.

Asimismo, Chacón ha denunciado que algunos trabajadores cobran el salario mínimo interprofesional, inferior al establecido en el convenio, y “pluses como la antigüedad o los festivos a un euro”.

A su juicio, se trata de un sector “muy importante” que mejora las condiciones de vida de las personas dependientes, por lo que ha reclamado un salario “digno” que reconozca la labor de estos profesionales.

Por su parte, Rodríguez ha señalado que los trabajadores de la dependencia deben hacer frente a la “polivalencia de funciones y sobrecarga de trabajo” que conlleva problemas para la salud física y conciliación de la vida familiar.

“En Extremadura existe un abuso de poder empresarial generalizado que utiliza los aspectos más dañinos de la reforma laboral en contra del trabajador, la mayoría de los empresarios no están acostumbrados a que los trabajadores opinen sobre sus condiciones ni a negociar con los sindicatos”, ha asegurado.

La situación laboral de estos trabajadores también afecta a su salud psíquica, por lo que en algunos casos recurren a los tranquilizantes y la automedicación, ha señalado Gómez, quien ha apelado a “responsabilidad subsidiaria” de la Junta de Extremadura.

Para Gómez, el Gobierno regional es responsable porque “la mayoría de servicios en residencias de ancianos y ayuda a domicilio son de titularidad pública, pero la gestión es privada y el dinero que reciben los Ayuntamientos acaba en manos de los empresarios”.

Frente a ello el sindicato ha fomentado elecciones sindicales para obtener representación en las empresas, y ha puesto la situación en conocimiento de las “autoridades políticas y laborales responsables”, ha manifestado.