350 liberados sindicales representan a 47.000 empleados públicos en Extremadura
Un total de 350 liberados sindicales representan, asisten y defienden los derechos sociolaborales de los casi 47.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura. De ellos 159 corresponden a la administración general, 120 al Servicio Extremeño de Salud (SES) y 71 al personal docente no universitario.
Son algunos de los datos que aparecen publicados en el Portal de Transparencia del Ejecutivo extremeño respecto a los liberados sindicales, trabajadores eximidos de las funciones que desempeñan en la administración para dedicarse en exclusiva a la labor sindical durante la jornada laboral.
Esto es fruto del crédito de horas mensuales retribuidas como trabajo efectivo, acumulables y transferibles, que reconoce la legislación vigente a los representantes sindicales.
En Extremadura, del total de 350 liberados sindicales (cuyo coste anual total asciende a 11,4 millones), 159 representan a los más de 16.200 trabajadores de la administración general autonómica y dentro de ésta, el mayor número, 64, a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
Le siguen las Consejerías de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (45); Educación y Empleo (40); Economía e Infraestructuras (4); y Hacienda y Administración Pública y Presidencia, en ambos casos con tres liberados sindicales.
Los 15.000 trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) cuentan con la representación de 120 liberados sindicales y los más de 15.700 docentes no universitarios son asistidos por 71.
Amparados por la Constitución
Esta figura está amparada por la Constitución Española, donde se reconoce el derecho a sindicarse libremente, así como la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y regulada en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Según éste último, el crédito de horas mensuales se reparte de acuerdo a la siguiente escala: hasta 100 funcionarios, 15; de 101 a 250 funcionarios, 20; de 251 a 500 funcionarios, 30; de 501 a 750 funcionarios, 35; y de 751 en adelante, 40.
El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha subrayado que estos representantes “hacen efectivo el mandato constitucional” de que sean los sindicatos los encargados de representar y defender las condiciones sociolaborales de los trabajadores en las empresas y las administraciones públicas.
El presidente del sindicato mayoritario en Administración pública en Extremadura ha defendido que también es importante garantizar una independencia ideológica, “no defraudar” a los compañeros y ser “dignos y honestos” a la hora de representarlos.
En las distintas Mesas de negociación, ha dicho, la posición de los sindicatos tiene que ser la misma con independencia del partido que esté gobernando y “no estar al albur del político de turno”.
Entre las funciones que realizan estos representantes se encuentran vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.
Colaborar con la Administración para establecer medidas en pro de la productividad y tener conocimiento y ser oídos al establecer la jornada laboral, así como en el régimen de vacaciones y permisos, Ofertas de Empleo Público (OPE) y cuestiones relacionadas con los interinos, son también sus cometidos, entre muchos otros.
El secretario de Acción Sindical de FSP-UGT Extremadura, José Ignacio Luis Cansado, ha precisado que su labor “más importante está fundamentalmente relacionada con la presencia física en los centros de trabajo”, para vigilar que se cumplen los derechos laborales, recabar las necesidades de los empleados, asesorar e informar del trabajo sindical en las negociaciones con la Junta.
Una presencia durante “todo el día” en aquellos centros con mayor volumen de empleados como los hospitales y en otros casos, con visitas periódicas, como los centros de 24 horas o los educativos.
Según Cansado, solo un pequeño porcentaje de los liberados de UGT, de apenas el 8 %, se dedica a cuestiones organizativas, al tiempo que ha puesto en valor que se dispone también de abogados para prestar un servicio de asesoría jurídica.
El representante sindical ha destacado además su papel en la negociación colectiva, mesas sectoriales y general, comisiones y su labor en el tratamiento de todo tipo de problemáticas como prevención de riesgos laborales, igualdad entre hombres y mujeres, acoso laboral o discriminación.
En esta línea, Cansado ha criticado la reducción de liberados sindicales impulsada por el Gobierno central del PP en 2012, a su juicio, “desproporcionada e injustificada” y que afecta a los empleados públicos al mermar su derecho de representación.
Para la secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Esther Ávila, “no es normal que a golpe de decreto” se quieran quitar este tipo de derechos que son “esenciales para mejorar y mantener las condiciones de los trabajadores”, con propuestas “coherentes y racionales”, y para garantizar unos servicios públicos de calidad“.
A su juicio, la connotación negativa que pueden tener los permanentes sindicales “la hay en todos los campos” y en este caso “viene apoyada y aumentada por sectores a los que de forma interesada les interesa poner en entredicho” su función.
