Una plataforma de interinos de la Junta denuncia un 'ERE masivo' en la administración

La Plataforma de Interinos y Laborales Temporales de la Junta de Extremadura de la Administración General se ha conformado ante el temor por el futuro de sus puestos de trabajo. Se movilizan bajo el amparo de las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre “la situación de fraude de ley en la que nos encontramos miles de personas interinas longevas (temporales de más de 3 años)”.

Esta plataforma, que se crea como grupo independiente, al margen de sindicatos y partidos políticos, acusa a las organizaciones mayoritarias de haber formado con el Gobierno un “Acuerdazo” el día 29 de marzo de 2017, “sin contar con los propios afectados y afectadas  que ni siquiera garantiza la indemnización por toda su vida laboral ante un posible o futuro cese”.

“Con el pretexto de reducir la temporalidad al 8%, lo que la administración y sindicatos van a hacer en realidad es ofertar las plazas en fraude de Ley, mediante un proceso normal de selección (oposición o concurso-oposición) sin tener en cuenta dicho fraude”, critican en un comunicado de prensa.

Afirman que puede suponer el despido de cientos de trabajadores con mucha antigüedad y experiencia, sustituyendo a estas personas por otras inexpertas y con menos derechos y retribuciones. 

¿Qué dice la UE? 

La plataforma explica que el Tribunal de Justicia de la UE ha reconocido que los distintos gobiernos nacionales y autonómicos vienen realizando durante años “contratos en fraude de ley (temporales de más de 3 años) al encadenar nombramientos, contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que realmente son de carácter estructural y permanente”.

Algo que incumpliría lo establecido en las cláusulas 1 y 5 de la Directiva 199/70/CE sobre el trabajo de duración determinada. 

“Vulneración de derechos”

“Supone una vulneración de los derechos más básicos de los y las trabajadoras, como es su derecho a la estabilización”.

Apuntan además a la sentencia del Supremo, que señala que los interinos cesados “tenemos derecho a indemnización por los daños y perjuicios causados durante todos estos años de contratación en fraude,  por lo que las futuras demandas a la administración pueden ser millonarias”. 

Por estos motivos explican que se han organizado en la plataforma, al mismo tiempo que han iniciado una ronda de contactos  con los distintos sindicatos con presencia en la administración general como con la Dirección General de Función Pública “para exponerles la ilegalidad del procedimiento de estabilidad que pretende realizar y su posible solución ante lo que puede suponer para el colectivo un ERE masivo”.