Sindicatos afirman que una ampliación de Almaraz inferior a los 10 años sería un 'fracaso' para la región

El calendario de clausura de las siete plantas nucleares en funcionamiento en España sigue en el aire después de que el Gobierno haya ofrecido a las empresas propietarias de Almaraz un cierre escalonado para todas las centrales españolas, que iría de 2025 a 2036. 

Se trata de una medida que garantiza la continuidad de la planta cacereña, al menos otros cinco años para Almaraz I, cuyo permiso de explotación finaliza en 2020, aunque cumple los 40 años en 2021. En 2023 sería el turno de Almaraz II.  

Para los sindicatos CCOO y UGT una ampliación del permiso inferior a los 10 años sería un fracaso para la comarca de Campo Arañuelo y para Extremadura en general.

César Vizcaíno, representanta del comité de empresa por parte de UGT, advierte que la incertidumbre persiste, y siguen sin tener una información real de cómo será la situación más allá de 2025. Defiende la seguridad y la garantía que ofrece hoy día la central. A su juicio Almaraz podría seguir funcionando incluso más allá de una década.

Desde CCOO Javier Cenalmor coincide en que se trata de “una de las centrales más seguras del mundo”. Apunta que existen centrales hermanas en Estados Unidos, con una tecnología similar, que ya plantean su continuidad hasta los 60 años. 

Una de las cuestiones que preocupan a ambos sindicatos es la pérdida de empleo. La central genera 800 puestos de trabajo directos, y otros 2.500 indirectos según explican. A ellos suman el millar de personas que son contratadas con cada recarga.

Alertan que el final de la nuclear puede ser ‘devastador’, como ocurrió en el caso de Zorita, “que tras su cierre se ha convertido en un ‘solar’ con una importante pérdida de población”. “Somos conscientes de que finalmente se cerrará, pero la pérdida de empleo debe resolverse, hay que poner en marcha un plan alternativo, porque en estos momentos no hay nada”, señala el representante de Comisiones Obreras.

El movimiento ecologista, en contra

En contra el Movimiento Ibérico Antinuclear reclama el cierre inmediato de las instalaciones cuando finalice el permiso de explotación. Señala que la central crea “inseguridad” en una población demasiado acostumbrada a escuchar paradas no programas, con 'serias dudas' sobre las garantías.  

Plantean que las plantas están amortizadas, y a partir de aquí todo son beneficios para sus propietarios. “Pero ese beneficio de unos pocos pone en riesgo la seguridad de unas instalaciones diseñadas con fecha de caducidad”.

Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, añade los elevados desembolsos relacionados con la minería, la fabricación de concentrados, enriquecimiento del uranio, fabricación del combustible nuclear o la gestión de los residuos radiactivos.

En torno a la pérdida de empleo sostiene que se está lanzando un mensaje manipulado, porque “la energía nuclear, cuando se para, genera empleo durante más de una década, el tiempo que durará el proceso de desmantelamiento”.

Apunta a un informe de la Universidad Rovira i Virgili y el Centro Tecnológico Mestral, bajo la dirección de Enresa, que concluyó que el desmantelamiento de Vandellós permitió la creación de más de 5.000 puestos de trabajo.“En el caso de Almaraz este efecto se puede multiplicar, el desmantelamiento permite el relanzamiento de la economía entre 15 y 20 años, con otras actividades económicas”.

Piensa que para los propietarios se trata de un verdadero 'negocio', porque la planta ya está amortizada y el coste real por kilovatio sin la gestión de residuos es de 1,3 céntimos. Mientras que en el ‘pool eléctrico’ puede alcanzar los 5,5.