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EXTREMADURA

La central de Almaraz podría seguir funcionando como mínimo hasta 2025

Las empresas propietarias, algo más tranquilas tras su reunión con la ministra de Transición Ecológica

El desmantelamiento dura además 10 años

La Central de Almaraz inicia la 24ª recarga de combustible de la Unidad I

EFE

El Gobierno ha ofrecido este martes a las tres empresas propietarias de Almaraz un cierre escalonado para todas las centrales españolas que iría de 2025 a 2036, lo que garantiza que la cacereña podría seguir funcionando como mínimo cinco años más a partir de la caducidad de la actual licencia que lo hace en 2020.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero, habría ofrecido esta solución a los presidentes de las tres compañías –Iberdrola, Endesa y Naturgy- durante la reunión que mantuvieron en Madrid.

Las tres compañías están pendientes de solicitar, antes del 31 de marzo, una nueva licencia de funcionamiento ya que la actual termina el año que viene, en 2020; al año siguiente se cumplen los 40 años de actividad de la unidad I, y en el 2023 los de la unidad II.

La cuestión para ellas es conseguir un equilibrio en los próximos años entre las inversiones a realizar por renovación de la instalación, y la rentabilidad obtenida por el precio de la energía, con la certidumbre al fondo de que España efectivamente quiera acabar con su parque nuclear a medio plazo.

Tras la reunión de ayer según todas las fuentes ya no tiene sentido la que estaba prevista para hoy entre las tres propietarias, que aún así tienen que tomar una decisión antes del 31 de marzo en el sentido de si quieren prolongar la actividad, y por cuánto tiempo piden la nueva licencia, con una incertidumbre en la que cuenta, y mucho, la situación política española ya que no hay consenso, ni siquiera conversaciones, entre los grandes partidos para abordar una posible desnuclearización de la producción energética española.

No obstante el Gobierno de Pedro Sánchez ha de enviar a Bruselas, en teoría antes de este fin de enero, un avance del plan nacional de energía y cambio climático que ha de incluir esa cuestión.

Sindicatos quieren diez años más

En Extremadura la sección sindical de UGT en Almaraz ha reclamado que la central funcione al menos diez años más, hasta el 2030, y partidos políticos como PSOE, PP y Ciudadanos no quieren oír hablar de un cierre mientras no haya un plan alternativo sociolaboral para los casi 4.000 empleos que proporciona la instalación; Podemos es el único que pide el cierre y critica a PSOE y PP por no haber previsto alternativas.

En el encuentro de ayer, el ministerio, que no comenta este asunto, ha planteado consensuar con las empresas un cierre de las nucleares no por bloques de energía, como hasta ahora, sino con un calendario concreto de instalaciones y fechas de cierre que, en última instancia, necesitaría del visto bueno de Enresa, encargada del desmantelamiento de las plantas y de la gestión de sus residuos radiactivos, y presidida por el extremeño José Luis Navarro.

Esta empresa pública tendría que evaluar si el calendario de cierre es viable desde el punto de vista técnico y financiero, como responsable del fondo que financia esas operaciones, cuya dotación tiene algo más de 5.000 millones, una cifra insuficiente para cubrir la clausura simultánea de todo el parque nuclear.

Baile de fechas

Ante el difícil equilibrio entre cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar el suministro eléctrico y abordar un apagón nuclear sostenible desde el punto de vista financiero, la propuesta del Ministerio de fijar la senda de cierre de las nucleares entre 2025 y 2036 supondría incumplir el programa electoral del PSOE, que abogaba por cerrar las nucleares a los 40 años, y que la propia Ribera asumió tras su nombramiento por "convicción".

El accionariado de Almaraz se reparte entre Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%), pero al tratarse de una agrupación de interés económico (AIE), las decisiones tienen que tomarse por unanimidad.

En la reunión de ayer se puso sobre la mesa un cambio normativo para permitir que las centrales nucleares en las que participan varias empresas a través de las citadas agrupaciones de interés económico, como es el caso de Almaraz, no tengan que tomar sus decisiones por unanimidad como ahora, sino por una mayoría "razonable", para evitar bloqueos.

 

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