La CREEX pide “diálogo” y una “una solución justa” para las guarderías

La Confederación Regional Empresarial (CREEX) ha demandado este lunes “diálogo” entre la Junta y los centros de Educación Infantil y guarderías para encontrar “una solución justa” que impida que su actividad se vea “gravemente afectada” por la intención de abrir aulas de 1 y 2 años en centros de educación públicos.

En un comunicado, la patronal ha afirmado que las reivindicaciones de la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (ACEIGEX) responden “a un problema real” y deben ser analizadas con el colectivo afectado para encontrar una solución.

“No es de recibo que desde el sector público se haga la competencia a unas firmas, la mayoría microempresas y autónomos con un alto nivel de empleo femenino, que han demostrado sobradamente su capacidad y buen hacer en la tarea de guiar a los niños en esta primera etapa y facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral de muchas familias”, ha apostillado.

Por este motivo, la CREEX entiende que el modelo de inserción en centros educativos, además de “privar del derecho de libre elección”, no puede suplantar la tarea de las guarderías, pues los colegios “cierran durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, dejando a las familias sin recursos para conciliar”.

Este problema, a su juicio, también se ocasionaría en el día a día, dado que en los centros educativos el horario está limitado de 7:30 a 15:30 horas, y hay muchos padres y madres con jornada partida.

Además, ha continuado, la metodología que se emplea en los centros de Infantil y guarderías “difiere de la utilizada en los centros educativos en cuanto a individualización e incorporación ágil de modelos novedosos”.

La patronal ha incidido en que la imposición del nuevo sistema “daría al traste” con un sector “donde prima el emprendimiento femenino”, en una región “con graves problemas de incorporación de la mujer al mundo laboral”.

Y ha reiterado su petición de “un diálogo abierto entre la Consejería y las empresas afectadas”, que permita “llegar a una solución que no suponga un daño al tejido productivo, a la conciliación y a la incorporación de la mujer al mercado laboral”.