PIDE asegura que la oferta educativa puede ser cubierta por la red de centros públicos

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha criticado este martes que el Consejo Escolar de Extremadura (CEEx) haya aprobado un proyecto de decreto para la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso 2021/2022 en el que se “facilita el mantenimiento de conciertos para una oferta educativa que puede ser cubierta por la red de centros públicos”.

Además, señala que esta norma permite el funcionamiento de los centros concertados aun “incumpliendo” las ratios establecidas para este tipo de centros por parte de la administración educativa extremeña.

A su juicio del sindicato, se trata de un decreto que permite seguir concertando centros privados de nueva creación y enseñanzas postobligatorias, así como “que se despilfarre dinero público, perjudicando una vez más a la educación pública”.

El proyecto de decreto se sometió a votación en el pleno del CEEx del pasado viernes, un texto al que PIDE presentó 28 enmiendas, varias de ellas para que no se puedan establecer o mantener conciertos por debajo de la ratio establecida, mientras que otras insistían en que no se pueden conceder conciertos en enseñanzas postobligatorias.

Asimismo solicitó reducir el periodo de duración de los conciertos en Extremadura de cuatro a tres años, y que las plazas vacantes que se produzcan en centros educativos privado-concertados sean cubiertas con funcionarios de carrera en comisión de servicio o funcionarios interinos.

En este sentido, ha argumentado que si la Consejería de Educación es la que paga sus nóminas, lo lógico sería que sea también ella la que contrate a los trabajadores y, por tanto, en el caso de los interinos, sean elegidos de unas listas que se han constituido en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad “y no mediante otros sistemas donde puede primar la irregularidad, la arbitrariedad o la influencia de las empresas privadas”.

Sin embargo, lamenta que ninguna de las enmiendas fue admitida, por lo que se pregunta “dónde están los votos de los sindicatos tradicionales, representados en la Mesa Sectorial de Educación, que dicen defender lo público”. “Y todo ello bajo el amparo de un irregular procedimiento de votación que impide comprobar y garantizar el resultado de la votación”, afirma PIDE.

Por ello, afirma que se reserva el derecho a tomar todas las acciones legales a su alcance “para repetir la votación y los efectos del decreto”.