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El sindicato de profesores PIDE reclama el permiso de dos horas aunque no se vote en elecciones sindicales

Elecciones sindicales en la Junta

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Los maestros y profesores tienen derecho a dos horas libres el jueves 1 para las elecciones sindicales aunque decidan no votar, defiende el sindicato docente PIDE en contra de lo firmado por la Junta y los sindicatos mayoritarios CSIF, CCOO y UGT.

Según ese acuerdo los docentes deben presentar a la dirección del centro el justificante de haber votado, emitido por la mesa electoral en la que lo hayan hecho.

PIDE ha solicitado a la Junta que se elimine o quede sin efecto esa obligación porque obligar a justificar haber votado “lesiona” el derecho fundamental a la libertad sindical de los trabajadores, “pues tanto votar como no votar es un derecho que no puede someterse a la coacción y supone una alteración de los resultados del proceso electoral”.

Según el sindicato, excede además los límites de las herramientas electorales por parte de la Administración al “limitar” el derecho de quien no quiere votar, además de incrementar la burocracia de las mesas electorales y equipos directivos con la exigencia del referido justificante.

Por otro lado las instrucciones complementarias para que los colegios sigan atendiendo a los niños hasta su hora normal de salida -las clases acabarán a las doce de la mañana- “están suponiendo mucha confusión en los centros”.

Para PIDE “cerrar los centros a las 12 de la mañana facilita la organización de los mismos, de otra manera los docentes podrían cogerse las dos horas que quisieran y eso sí que generaría una dificultad organizativa”. 

La Consejería de Educación debería facilitar la organización del horario de comedor en aquellos centros que dispongan de este servicio y adelantar el transporte escolar para recoger a los alumnos que lo utilicen en los horarios marcados por la instrucción, “sin menoscabo del derecho al voto de los docentes”.

Y este sindicato acaba con una advertencia: “Si se conculca dicho derecho se podría denunciar por vía administrativa e, incluso, podrían intervenir los tribunales por vulneración de un derecho fundamental: el derecho al voto”

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