“Todos los grupos pidieron móviles y tabletas para sus diputados”

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha asegurado este jueves que todos los grupos parlamentarios solicitaron en julio que se dotara de teléfono móvil y tableta a sus diputados, y aclarado que no se trata de un “regalo” sino de herramientas de trabajo.

“Todos pidieron tener un kit para los diputados”, por lo que “no es cierto” que se enteraran por la prensa, sostiene Martín después de que todos los grupos de la oposición -PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura- así lo afirmaran el pasado martes.

Entonces aseguraron desconocer el contrato para el suministro de 65 tabletas y 65 terminales móviles que, según las características técnicas y funcionalidades mínimas establecidas, coinciden con un iPhone 11 Pro Max, último modelo de Apple, valorado en unos 1.300 euros.

En rueda de prensa este jueves, Martín ha explicado que todos los grupos parlamentarios, “sin excepción”, conocían esta contratación, que se abordó en una reunión que mantuvo con ellos el pasado julio.

Ha argumentado que se ha optado por el sistema operativo IOS para poder utilizar las aplicaciones móviles (apps) que los técnicos de telecomunicaciones e informática de la Asamblea han desarrollado en los últimos años, “que son nuestras, que es el trabajo de los funcionarios de esta casa a coste cero”.

“Si esas app las tuviéramos que comprar a cualquier empresa tecnológica estaríamos hablando de cerca de un millón de euros”, que es lo que sucede en otros parlamentos, ha asegurado Martín, que ha destacado además que otros parlamentos regionales se han interesado por estas apps, también el Congreso y el Senado.

Asimismo, ha aclarado que los móviles y tabletas son herramientas de trabajo para los diputados, al igual que ocurre en el resto de parlamentos, “que esta casa facilita, pero que no les regala” porque, cuando termina la legislatura, deben devolverlas o abonar su coste del momento.

Como prueba, ha mencionado que la Mesa de la Asamblea está trabajando en la actualidad con Ipad “desfasados” que se devolvieron de la legislatura 2011-2015.

No se repone

Ha explicado además que el contrato -por un importe global de 485.000 euros y un plazo de ejecución de 42 meses y que incluye los servicios de voz y datos- establece que los dispositivos deben ser de última generación porque, a diferencia de lo que ocurre en otros parlamentos, si el móvil se cae no se repone, y si aparece otro más avanzado, tampoco se sustituye.

Asimismo, ha resaltado la importancia de que garanticen la seguridad y confidencialidad dada la labor de los diputados.

En este punto, Martín ha confesado que en la actualidad está utilizando su Ipad personal, “con ningún sistema de seguridad por cierto”, debido a que con la ampliación de los miembros de la Mesa de 6 a 8 en esta legislatura no había tabletas para todos y ella optó por ceder la que le correspondía a un compañero.

Asimismo, ha apuntado que entre los 65 diputados figuran cinco miembros del Consejo de Gobierno, que el pasado julio renunciaron a cualquier medio que la Cámara pusiera a su disposición, por lo que habrá cinco móviles y cinco tabletas “que quedarán en depósito”.

En cualquier caso, ha insistido en que se trata de un contrato “transparente”, una licitación pública, “pura y dura Ley de Contrato Público”, pues no hay ningún convenio con ninguna compañía telefónica “como se ha hecho otras veces”.

Entiende el rechazo

A preguntas de los periodistas, ha señalado que entiende que esta medida provoque rechazo social “por falta de información”, para acto seguido argumentar que el presupuesto de la Asamblea solo representa el 0,3 de las cuentas regionales, “ha ido bajando” y no subirá el próximo ejercicio “ni un céntimo”.

“Somos los diputados que menos cobramos de España”, ha recalcado la presidenta de la Asamblea, que también ha adelantado que los trienios de los diputados que son funcionarios ya no serán abonados por el Parlamento, como hasta ahora, sino por sus administraciones de origen.

En su intervención ha recordado además que en julio de 2016, por primera vez en la Asamblea, hubo una licitación pública para el contrato de telefonía fija y sistema de telecomunicaciones por un importe de 187.269 euros, que ha supuesto un ahorro “cuantioso”.