La Junta, condenada a pagar 23.261 euros a Leda

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida ha estimado íntegramente el recurso presentado por Líneas Extremeñas de Autobuses (LEDA) contra la Junta de Extremadura, que deberá abonarle una parte de la cantidad adeudada en concepto de responsabilidad patrimonial correspondiente a 2016 y que asciende a 23.261 euros, según ha informado la empresa.

En un comunicado, LEDA ha dado a conocer este lunes esta sentencia firme, emitida con fecha de 3 de junio, y en la que según explica se condena a la Administración regional a abonar esta suma, más los intereses legales correspondientes, así como también las costas derivadas del procedimiento judicial.

No obstante, aclara que estos 23.261 euros “solo constituyen una parte reducida de la cantidad adeudada en 2016”, que cifra en 218.156 euros, y a los que añade 461.732 euros correspondientes a 2017, y 345.842 euros pertenecientes al primer semestre de 2019.

“Contra las cuerdas”

Para LEDA esta sentencia viene a reconocer la “legítima” reclamación que ha venido expresando en los últimos años y pone de manifiesto que “el Gobierno regional no ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones”, colocando a esta empresa extremeña “contra las cuerdas” y perjudicando a los 70 trabajadores que tiene en plantilla “y que han sufrido retrasos en el pago de sus nóminas”.

“Esta sentencia es un espaldarazo al gran esfuerzo que hemos realizado en los últimos años para que los extremeños no padezcan interrupciones del servicio” y que solo ha sido posible con el “sacrificio” de los empleados, “a quienes agradecemos su compromiso con una empresa que nació en Extremadura y que está cerca de cumplir 100 años”.

Muestra además su deseo de que esta sentencia sirva para que la Junta asuma su “error” y pague las cantidades que durante “demasiado tiempo” ha estado negando a la empresa pues, asevera, “no pedimos nada que no sea nuestro”.

En este sentido, la empresa manifiesta que no desea volver a los tribunales para cobrar las cantidades pendientes, “porque las sentencias en contra de la Junta repercuten en los extremeños” y suponen un “gasto innecesario” en costas judiciales que podrían evitarse “con simple voluntad política y con seriedad en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas”.

Afirma que desde el año 2016 ha estado prestado un servicio “que nos ha supuesto más gastos que beneficios”, al tiempo que considera que “es imposible mantener líneas deficitarias sin la colaboración de la Junta”.

“Las empresas no queremos sentir que estamos mendigando algo que nos corresponde por legitimidad”, recalca, e insiste en su interés de que esta primera sentencia “sirva para abrir los ojos del Gobierno regional y no tengamos que seguir acudiendo a los tribunales”.