Junta y propietarios dudan de los métodos usados en el informe de Valdecañas

La vista celebrada este jueves en Cáceres para aclarar el informe elaborado por la Estación Biológica de Doñana sobre el complejo turístico Isla de Valdecañas ha dejado dos posiciones enfrentadas, ya que la Junta de Extremadura y los propietarios dudan de los métodos usados, mientras que los ecologistas lo respaldan plenamente.

De ahí que estos colectivos abogen por el derribo como única medida posible para restablecer el espacio natural, como establece la sentencia.

Para José Manuel Jover, letrado general de la Junta de Extremadura, el informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) plantea “muchas dudas técnicas” que espera que se aclaren en la vista iniciada este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

“Nos interesa saber si se han tomado los datos correctamente a la hora de alcanzar las conclusiones”, ha apuntado, en declaraciones a los periodistas.

Por su parte, el abogado Luis Díaz Ambrona, que defiende a dos de las comunidades de propietarios de Isla de Valdecañas, ha planteado por qué los técnicos del CSIC “no han acudido a fuentes oficiales para obtener datos de lo que era la isla antes de que se construyera el complejo urbanístico”.

Según este letrado, no habrían solicitado información a organismos públicos, ni a la Sociedad Española Ornitológica, por ejemplo, por lo que “existen muchos datos donde los técnicos se basan en hipótesis y en simular escenarios que no reflejan exactamente lo que ha supuesto medioambientalmente el complejo y lo que supone para toda la región”.

También ha advertido a los periodistas que “no es normal que se tome como modelo Cataluña desde el punto de vista ambiental, cuando lo lógico sería haber tomado datos de la zona de Extremadura”.

Y ha subrayado que ir a la demolición “supondría un daño medioambiental mucho más grave que mantener el complejo en pie”.

Todo lo contrario han planteado los colectivos ecologistas personados en la vista.

José María González Mazón, el coordinador del Grupo de Trabajo de Energía de Adenex, ha confiado en el trabajo que hace el CSIC y “no ha dado lugar a plantearse dudas acerca de la veracidad de su informe”.

A su juicio, “las sentencias hay que cumplirlas, y ésta no la ha puesto en duda ningún juez”, en referencia al hecho de que el Tribunal Supremo (TS) confirmara en 2014 la ilegalidad en sendos fallos que ratificaban la decisión del TSJEx y ordenan la “reposición de los terrenos” a la situación anterior al proyecto urbanístico.

“Es evidente que el proceso se está alargando en un país como el nuestro, que es muy legalista”, ha señalado en declaraciones a los periodistas.

José María Trillo Figueroa, abogado de Ecologistas en Acción también, ha subrayado que “no hay ningún punto en el informe técnico de Doñana en el que se pueda argüir falta de una metodología precisa; es bastante riguroso”.

Es más, para el letrado lo que se desprende de ese informe “es vergonzoso”, por la “ausencia de medidas correctoras y la falta de vigilancia de la Junta para hacer efectivas esas medidas”.

Y ha puesto como ejemplos el hecho de balizar el embalse de Valdecañas “para que no se pudiera navegar en determinados espacios del mismo, y a día de hoy sigue sin hacerse; o pantallas vegetales para minimizar el impacto con respecto a las especies de la zona que siguen sin instalarse”.

En cuanto al derribo, también ha aclarado Trillo Figueroa que el “escenario de holocausto que plantea la Junta está exagerado”, y que el informe de Doñana “está más cercano a las posiciones que hemos mantenido los colectivos ecologistas”.

En su opinión, “queda claro que el uso de la urbanización tiene un mayor impacto en el tiempo que el propio derribo”.

Concretamente, se ha referido a que la huella ecológica del derribo supondría el uno por ciento de mantener en uso la urbanización.

“Hay que ser realistas y la única solución, tristemente, es el derribo”, en palabras de María Ángeles López, abogada Adenex, a los periodistas.

Ha opinado que “lo que más daño hace es el uso”, pero también ha rechazado la hipótesis de mantener las edificaciones sin utilizar.

A este respecto, la letrada de Adenex ha especificado que los edificios “evolucionarían a ruina, y tienen componentes químicos que son peligrosos, se filtrarían a la tierra y llegarían al embalse”.

Además, ha avisado de que “serían ruinas que podrían ser ocupadas por otras personas que causarían o podrían causar un impacto similar al actual”.

No obstante, los ecologistas abogan por mantener instalaciones construidas que son beneficiosas, como es el caso de la depuradora.

Previsiblemente, la vista continuará mañana. Al finalizar, el TSJEx emitirá un auto sobre la ejecución de la sentencia del Supremo, aunque se abrirá un periodo para presentar alegaciones de 20 días y después otros 20 días para resolverlas.

Tras este plazo habrá una resolución de lo procedente en fase de ejecución de sentencia.