El Ministerio de Hacienda eleva a 900.000 euros la inversión mínima para recibir incentivos regionales
La inversión mínima de los proyectos subvencionables con incentivos regionales, para la corrección de los desequilibrios económicos entre comunidades autónomas, aumenta de 600.000 a 900.000 euros, un incremento del 50 %.
Así consta en los reales decretos aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que ahora publica el BOE en los que se modificó el Reglamento de incentivos y los textos que afectan a cada comunidad autónoma para adaptar la legislación a los cambios producidos en la normativa europea y contrarrestar el descenso de las ayudas europeas en el período 2014-2020.
Mediante esta modificación, Baleares y La Rioja, antes excluidas, han pasado a formar parte del sistema de incentivos regionales y podrán beneficiarse de las ayudas financieras que concede el Estado a la inversión productiva.
Se suman a Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Ceuta y Melilla, de modo que sólo quedan fuera de este sistema el País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña.
Según el Ejecutivo, las nuevas directrices comunitarias establecen una bajada generalizada de las intensidades máximas de ayudas y, además, dificultan especialmente su concesión a grandes empresas. Por ello, argumenta que el cambio normativo permitirá que se alcancen las intensidades máximas de ayuda para cada tipo de empresa, ya sean grandes, medianas o pequeñas.
Los cambios normativos afectan a los proyectos subvencionables, entre los que se incluye la adquisición de activos inmateriales, pero aumenta de 600.000 a 900.000 euros la inversión mínima en los los mismos.
Asimismo, se reduce de cinco millones de euros a un millón el límite que permite al beneficiario de una subvención de incentivos regionales solicitar cobros a cuenta a medida que vaya justificando la inversión.
Para las pequeñas y medianas empresas, se reduce de cinco años a tres el plazo de la obligación de mantenimiento de las inversiones en condiciones normales de funcionamiento.
