Multa de 81.263€ por contratar a personas apuntadas en la libreta del alcalde, según el PP
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha impuesto una multa de 81.263 euros al Ayuntamiento de Alange (Badajoz) por un “posible fraude” en 13 contrataciones laborales realizadas por su alcalde, el socialista Juan Pulido, a partir de las personas que tenía apuntadas en una libreta, ha denunciado este martes el PP local.
Según explica, la Inspección de Trabajo, tras una denuncia del propio SEPE, ha dictaminado esta “irregularidad” y ha emitido una carta en la que señala que el sistema para poder acceder a un puesto de trabajo era pedir una cita con el alcalde y trasladarle su situación familiar, que Pulido apuntaba en una libreta para después realizar las contrataciones.
El propio alcalde, asegura el PP en una nota, reconoce que no existía ningún plan de empleo, ni requisitos formales, ni solicitud oficial para contratar y que, para ser equitativo, no contrataba dos veces a la misma persona en el mismo año, “lo que se comprueba que es falso” según los populares.
En su carta, añade el PP, la Inspección de Trabajo indica además que “esto no es una empresa privada, es una administración pública y por lo tanto no tiene cabida el decir que 'yo soy el alcalde y mi palabra es la ley'”.
Contratar a quien quiera
Reconoce también que “el Ayuntamiento ha obviado todos los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad” y que la justificación de las contrataciones de los trece trabajadores ha sido que “el alcalde puede contratar a los trabajadores que desee, sin justificación alguna, con absoluto olvido de todos los procedimientos administrativos”.
“No estamos hablando de pequeños errores formales, estamos hablando de una ausencia total de respeto a las normas administrativas que rigen la contratación de personal laboral”, indica la carta, y añade: “Estamos hablando que los contratos se formalizaban con gente apuntada en una libreta que llevaba el alcalde”.
Ante esta situación, el PP pregunta al PSOE si tiene previsto asumir alguna responsabilidad ante la “gravedad” de los hechos y “por jugar con el dinero de todos”, con el sustento de las familias afectadas “y por endosar a las cuentas municipales el pago de un abogado para defenderse de su negligencia”.
Aclara además que nunca ha tenido nada en contra de que se dé un puesto de trabajo, “pero sí en contra de que se haga de espaldas a las normas establecidas”.
