PAH entrega sus propuestas en Asamblea para una región libre de desahucios
La plataforma se concentró ayer a la entrada del Parlamento autonómico para pedir a los grupos políticos adaptar la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética que la PAH presentó como Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en Cataluña y que fue aprobada en julio.
Se trata de una iniciativa nacional para forzar el posicionamiento público de los partidos antes de las elecciones generales.
“Las familias tienen el derecho de tener una segunda oportunidad, y Extremadura y su gobierno se tienen que implicar en los derechos de las familias, que son las más desprotegidas”, ha afirmado la portavoz de PAH Extremadura Rosa Morgado.
Según ha explicado, el 27 de febrero se declaró el primer municipio “fuera de desahucios” en la región, que fue Olivenza (Badajoz), algo que quieren hacer extensivo a toda Extremadura.
Dación en pago retroactiva, la eliminación de las cláusulas abusivas, la liberación de avales, un alquiler estable y asequible, vivienda accesible, suministros básicos garantizados de agua, luz y gas, y la creación de un observatorio de la vivienda son las medidas que solicitan con la adaptación de esta ley.
Más oficinas de intermediación
Además, a escala regional exigen un código de buenas prácticas para las entidades financiares, una guía para las oficinas de intermediación hipotecaria, que funcionan desde hace más de un año con el convenio firmado, a petición de las PAH, entre el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento de Badajoz, y el de éste y la Diputación de Badajoz, así como que estas oficinas funcionen en Cáceres.
Asimismo, solicitan un plan de colaboración de los municipios para hacer efectiva la ley y coordinar a la Junta con los ayuntamientos, además de disposición para la colaboración con los jueces y tribunales de Extremadura.
Según ha explicado la portavoz de las PAH de Extremadura, Victoria Antúnez, España es el único país de la Unión Europea que no tiene límite a la responsabilidad hipotecaria, es decir que cuando se ejecuta una casa “sigues con esa deuda, embargan la nómina y si hay avales, van a por éstos”, algo que solicitan que se elimine.
“El presidente de la Junta dijo en su campaña que quería una región libre de desahucios, y es lo que nosotros pedimos”, ha recalcado Antúnez, que pide crear un parque de vivienda social, que los bancos cedan a la Junta el 40 por ciento de las casas libres para ponerlas “al servicio de las familias en riesgo de exclusión social”, así como crear este observatorio para saber cuántas viviendas hay libres en la región.
