La confluencia y el PSOE animan al Gobierno a promover el impuesto a las grandes fortunas

El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado una iniciativa de Unidas por Extremadura, apoyada por el PSOE, en la que se insta al Gobierno de España a presentar en los próximos meses y para su entrada en vigor en el siguiente año, un Proyecto de Ley del Impuesto sobre Grandes Fortunas.

La portavoz de la confluencia de izquierda, Irene de Miguel, ha defendido este tributo con el que se recaudarían “11.000 millones de euros, el 1 % del PIB”, y que permitiría “avanzar hacia la justicia fiscal”, de tal forma “que pague más quien más tiene”, y en línea con lo que, ha dicho, ya existe en países como Francia.

“Las pymes y los autónomos ya aportan a las arcas públicas y lo hacen al límite de sus posibilidades, ya es hora de lo que ricos también aporten”.

PP y Ciudadanos han votado en contra de esta propuesta de pronunciamiento que establece que el citado impuesto, cuya capacidad normativa corresponderá al Estado, gravará la capacidad económica derivada de la riqueza independientemente de donde esté invertida, de acuerdo con distintos criterios.

Así, se establecerán mínimos exentos en las cuantías necesarias para excluir del gravamen a los contribuyentes con un patrimonio medio, así como para excluir la titularidad de la vivienda habitual hasta el valor máximo que se determine.

Se incluirían cuantas previsiones normativas sean necesarias para evitar la exclusión del impuesto mediante la utilización de sociedades mercantiles instrumentales o entidades de cualquier naturaleza o tipo, incluidas las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

Asimismo, el impuesto podrá contemplar tipos de gravamen diferenciados según la naturaleza o valor unitario de los bienes, de tal forma que se sometan a mayor tributación aquellos bienes de carácter suntuario que pongan de manifiesto una elevada capacidad económica de los contribuyentes.

Se adoptarán igualmente cuantas previsiones sean necesarias para evitar la evasión del impuesto mediante la utilización de países que tengan la consideración de paraísos fiscales.

El 50 % del rendimiento del tributo se cederá a las Comunidades Autónomas y, de esta cantidad, el 75 % irá al Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales.

En todo caso, se asegurará que las CCAA no perciban menos que lo que recaudan actualmente con el Impuesto de Patrimonio, concluye la iniciativa.

PSOE: reforma fiscal profunda

Desde el PSOE, el diputado Jorge Amado se ha mostrado de acuerdo en trabajar en “una reforma fiscal en profundidad”, “no meros parches”, que posibilite una fiscalidad “más justa y progresiva”, con “un mayor esfuerzo de las grandes corporaciones, mayor justicia en impuestos de tributación directa y tapando todos los agujeros tributarios por los que se escapa gran parte de la recaudación”.

Todo ello, ha añadido, haciéndolo “compatible con aliviar la carga fiscal de pymes, autónomos y familias más vulnerables”.

Ha precisado que “el de las grandes fortunas grava exactamente el mismo hecho imponible que el impuesto de patrimonio”, lo que hacen es “cambiar el nombre”, con la “diferencia importante” de que “la capacidad normativa correspondería en exclusiva al Estado”, de modo que para abordar esta reforma sería “obligatorio modificar el sistema de financiación autonómica”.

El diputado del PP Hipólito Pacheco ha mencionado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho que “no piensa incluir este tributo en la subida de impuestos” que prepara para los españoles y considera que la iniciativa de Unidas está repleta de “falsedades” como la cantidad que se recaudaría, al tiempo que supondría “menoscabar la autonomía fiscal de las comunidades”.

El PP, ha señalado, “se opone al impuesto de patrimonio” por “anacrónico, injusto y apenas capacidad recaudatoria”, y ha añadido: “estamos de acuerdo en que quienes tienen más, paguen más, pero en ningún caso en castigar más a los que mayor capacidad de invertir y producir tienen, y de apoderarse del capital de los ahorradores”.

Por parte de Ciudadanos, la parlamentaria Marta Pérez ha indicado que estando de acuerdo en que “España debe afrontar de manera serie el elevado nivel de deuda al que se enfrenta” debido a la pandemia, no comparten el “remedio” que propone Unidas y abogan por revisar algunos tributos, entre los que ha mencionado el impuesto de sociedades.