La presidenta de Diputación Cáceres destituye a la interventora, que puso reparos a los Presupuestos
La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha iniciado el procedimiento de cese de la interventora general, Victoria Eugenia Valle Núñez, que puso numerosos reparos a los presupuestos que se aprobaron el miércoles, y que provocaron el “no” de PP y C's por considerar que podrían resultar nulos de pleno derecho.
En un comunicado el equipo de Gobierno socialista se ha limitado a señalar que en el proceso de “mejora” y modernización de las áreas de Economía, Administración, Contratación e Intervención General de la Diputación de Cáceres, “la presidenta ha resuelto esta mañana [de jueves] iniciar el procedimiento de cese de la intervención general”.
Según el Gobierno provincial, el objetivo es “impulsar un cambio hacia una mejor eficiencia de la institución en la gestión de sus objetivos políticos en favor de los pueblos de la provincia”.
La intervención general, como otros puestos directivos, es de libre designación de la presidencia, “aunque goza de la independencia necesaria para su labor de fiscalización, por lo que se trata de funcionarios de habilitación nacional cuyo cese incorpora un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Función Pública”, añade la institución.
Con esta decisión Cordero espera “dar el paso definitivo hacia una institución más ágil y moderna, coherente con los nuevos retos sociales y de desarrollo”.
Rechazo del PP
El portavoz popular en la Diputación, Alfredo Aguilera, señaló el miércoles que los presupuestos de la institución son “ilegales” al exceder la tasa de reposición e incrementar la masa salarial por encima del 1 % que indica la Ley General de Presupuestos del Estado.
Unas cuentas a las que votó en contra el PP ya que, “además de ser ilegales de pleno derecho, aumentan el gasto superfluo y no invierten en los municipios”.
“Hay reparos de Intervención, causa de nulidad y anomalías jurídicas”, subrayó el portavoz popular a la hora de argumentar su voto en contra.
Por su parte, el diputado de C's, Víctor Peguero, consideró ayer que “son presupuestos arriesgados” y que C's votaba en contra “por responsabilidad. No podemos ir contra el criterio de la Intervención”.
En relación con este asunto, el equipo de Cordero ha defendido que el reconocimiento de la carrera profesional “está dentro de la legalidad vigente, ya que el incremento de la base salarial no es superior al 1 %, tal y como marca la ley”.
