IU llevará a la Fiscalía Anticorrupción la actuación de Cristina Herrera en el Canal de Badajoz
La reciente sentencia del juzgado de primera instancia número 1 de Badajoz ha vuelto a reavivar un asunto que durante casi una década se mantuvo bajo la sospecha política de la oposición en el Ayuntamiento de Badajoz, y muy especialmente del portavoz de IU, Manuel Sosa.
Conocida la sentencia, el grupo socialista ya ha anunciado que estudiará la vía de responsabilidades penales y el portavoz de IU ha afirmado que durante nueve años el Ayuntamiento de Badajoz ha estado obstaculizando el proceso judicial y poniendo en duda la titularidad pública del canal que ahora acaba de confirmar la sentencia.
Sosa ha pedido responsabilidad política a la anterior edil de Urbanismo, Cristina Herrera, la que, asegura, adquirió una vivienda en la zona donde está el Canal a menor precio que el resto de vecinos. Para Sosa es el momento de retomar la vía penal contra la ex concejala de Urbanismo por lo que dará a conocer al Fiscal Anticorrupción los nuevos datos que hay sobre el asunto, ya que el hecho no ha prescrito, no se ha archivado la causa y actualmente no está aforada.
La responsable de Urbanismo de esa etapa ocupa ahora un alto cargo en el Gobierno de José Antonio Monago, es directora gerente del SEPAD (Servicio Extremeño de promoción de la Dependencia y Atención a la Dependencia). Por ello, el portavoz de IU en Badajoz ha pedido a Monago el cese de Cristina Herrera.
Indemnización
Tras el análisis de la sentencia Sosa plantea que la misma ha de ser recurrida, pues de no ser así, se pierden 1.750.000,00€, y no 50.000,00€ como plantea Astorga quien cifra en esa cantidad el peligro de recurrir la sentencia. Sosa critica la falta de asesoramiento técnico de la jueza a la hora de dictar la sentencia, pues según sus consultas, no puede ser que el valor de la superficie edificable para el Ayuntamiento sea de 39,41€/m2 y para Jardines del Guadiana ascienda a 1.001,68€/m2, ya que el valor tendrá que ser el mismo, puesto que en caso contrario se estaría beneficiando al infractor y no se cumpliría el justiprecio ya que no alcanzaría el valor de mercado ni uno muy similar.
