La Junta retirará las subvenciones a los ayuntamientos que incumplan la Ley de Memoria Histórica
La Junta de Extremadura da un paso al frente para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica. Se suma a las medidas que ya pusieron en marcha las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres.
La futura ley regional de memoria democrática contempla la retirada de subvenciones a los ayuntamientos que incumplan la norma estatal. No habrá un céntimo en ayudas para los municipios que mantengan los honores al dictador Francisco Franco, el golpe militar y la guerra civil.
Así lo anunció la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, tras aprobarse en consejo de gobierno el Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que inicia su trámite parlamentario en la Asamblea de Extremadura.
El borrador recoge la elaboración de un censo de víctimas y el derecho a la localización y sepultura digna de personas desaparecidas. Se reconoce el derecho de los descendientes directos de las víctimas de la represión que así lo soliciten a exhumar a sus familiares, incluyendo todas las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas y cuyo paradero se ignore.
Tiene por objeto recuperar la memoria histórica de las personas extremeñas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Incluye una partida económica de 700.000 euros.
Fin de subvenciones para quien no cumpla
“Para quien tenga dudas, el desarrollo autonómico nos permitirá hacer un desarrollo reglamentario (...) Para que quede claro que es una obligación el cumplimiento de la retirada de símbolos franquistas en nuestro territorio”, destacó la consejera.
Se trata de un texto consensuado por las asociaciones que trabajan en defensa de la memoria democrática de la Comunidad, que pretende desarrollar la ley estatal 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y establecen medidas de Memoria Histórica.
La Junta explica que, aunque la norma aprobada por el Gobierno de Zapatero supuso un ‘hito jurídico’, ha encontrado limitaciones en su aplicación, sobre todo en materia de justicia y reparación de los daños sufridos por las personas represaliadas.
Verdad, justicia, reparación
Leire Iglesias aclara que no se trata de una norma elaborada desde el rencor ni el ‘revanchismo’, sino que nace en busca de ‘justicia, verdad y reparación’ de todas las víctimas del franquismo, en consonancia con los dictámenes que marca la carta internacional de derechos humanos.
Se creará el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática para el estudio, investigación, coordinación e impulso de las medidas establecidas en esta norma.
Se promoverán cuantas medidas de reparación sean necesarias a las víctimas, así como a las organizaciones que contribuyeron a la defensa de la ‘legitimidad democrática’ de la II República y de la democracia durante la dictadura franquista, mediante la elaboración de estudios y publicaciones, la celebración de jornadas y homenajes o la construcción de elementos de recuerdo y reconocimiento que garanticen una adecuada conciencia histórica de lo sucedido que se transmita a las futuras generaciones.
También persigue la regulación de las políticas públicas para la recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura desde la II República hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978 en el ámbito de las competencias de la Junta de Extremadura, así como facilitar el conocimiento y estudio de la represión franquista acaecida en Extremadura y reconocer el derecho de la ciudadanía extremeña a la verdad, la justicia y la reparación. Se suma la protección, conservación y difusión de la Memoria Histórica y Democrática como patrimonio histórico y cultural de toda la población extremeña.
