Elena Nevado quiere llevar a la Junta a los tribunales si aprueba la exención del IBI a los hospitales
Argumenta que la principal fuente de financiación de las entidades locales son los tributos, primordialmente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), exigido tanto a particulares como a inmuebles públicos que no estén exentos del mismo.
Bajo este argumento el Grupo Municipal del PP de Cáceres ha pedido a la Junta que retire el apartado 2 del Artículo 13 del Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas, que según dice pretende que los centros educativos “eludan el pago del IBI”.
A través de la moción registrada se busca autorizar a la alcaldesa, Elena Nevado, a “emprender cuantas acciones legales, administrativas y judiciales” fueran necesarias para combatir dicho artículo y que sean competencia del Pleno. La moción también busca el apoyo de la oposición (PSOE, C's y CáceresTú) para solicitar el apoyo expreso de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como de la FEMPEX, la Federación regional, para “evitar el ataque a la autonomía municipal que supone el cambio normativo referido”.
El Grupo Popular pretende que el Pleno apruebe que, en caso de que la Junta no atienda la petición, se inste a los grupos parlamentarios de la Asamblea a que en el trámite de enmiendas parciales al Proyecto de Ley se consensúe una enmienda al apartado 2 del artículo 13, con el fin de evitar la elusión del pago de tributos por parte de la Junta.
Según el PP, el Servicio Extremeño de Salud (SES) abonó en la pasada legislatura un total de 13.058.323,63 euros, de los cuales 8,5 millones se abonaron en el año 2012 y pertenecía al período 2008-2012, otros 2,1 millones se abonaron en 2013 y, por último, 2,3 millones de euros fueron abonados en el años 2014. Sin embargo, el cobro de tal tributo por parte de los ayuntamientos “vuelve a ponerse en peligro con la redacción actual que la Junta de Extremadura ha realizado para el anteproyecto de la citada ley”.
Considera que de llevarse a cabo tal modificación, sería “un evidente perjuicio económico” para los ayuntamientos extremeños pues, “basándose en un supuesto fraude de ley a favor de la Junta, reduciría los ingresos municipales afectando negativamente a la prestación de los servicios municipales y perjudicando a los ciudadanos”.
