El PP cacereño se opone a que los los hospitales y centros donde se dé formación sean considerados educativos y no paguen el IBI

El Partido Popular en la provincia de Cáceres ha puesto de manifiesto su rechazo “a la pretensión de la Junta de Extremadura de eximir del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los centros sanitarios”.

Según los populares, la intención del gobierno autonómico es “ modificar la Ley de Patrimonio de Extremadura, de forma que todas las dependencias, instalaciones y edificios pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud en los que se impartan enseñanzas (regladas o no regladas), pasen a considerarse como centros educativos y como consecuencia, queden exentos del pago del IBI”

d Esta propuesta, indica el PP, afectaría a todas aquellas localidades que cuentan con hospital o centro de salude forma que tanto grandes municipios como Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo o Coria, como otros de menor tamaño como pueden ser Valdefuentes, Cabezuela del Valle, Berzocana, Arroyo de la Luz o Valencia de Alcántara, entre otros muchos, dejarían de ingresar esta tasa en sus correspondientes ayuntamientos a través de los centros sanitarios dependientes del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Para algunos consistorios como el de Cáceres esta caída en los impuestos puede ascender hasta los 3 millones de euros anuales, “una cuantía a la que ningún ayuntamiento ni puede ni quiere renunciar para cuadrar las cuentas con las que gestiona el día a día de su municipio”, denuncian los populares.

El PP considera que “esta importante caída en los ingresos municipales se traducirá en una clara merma en la prestación de servicios para los ciudadanos, algo extremadamente grave teniendo en cuenta el actual contexto de crisis económica”, por lo que ha anunciado su intención de presentar mociones en contra de esta medida en todos los ayuntamientos afectados, en algunos de los cuales, ya se ha hecho.

Esto es, según el PP, consecuencia del proyecto de Ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que se está debatiendo en la Asamblea de Extremadura y que recoge este cambio en la Ley de Patrimonio de la región.