El PSOE acude a Transparencia tras detectar 42 conflictos de intereses en el Gobierno de PP y Vox en Extremadura

El PSOE ha presentado este miércoles una queja formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al detectar 42 posibles casos de conflictos de intereses en cargos públicos del nuevo Gobierno de PP y Vox en Extremadura tras analizar sus declaraciones de bienes.

El portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha denunciado la “opacidad” de la Junta de Extremadura que no ha respondido a las numerosas preguntas formuladas por el PSOE al respecto. “Hemos realizado varias preguntas parlamentarias y solicitado que nos envíen los documentos de conflictos de intereses de aquellas personas que venían de la empresa privada y no se ha dado respuesta”, ha comentado.

Asimismo, Vergeles ha criticado que la Junta aprobara una modificación de la ley que obligaba a los altos cargos a comparecer ante la Asamblea para debatir su idoneidad cuando acababan de ser nombrados los nuevos consejeros del Ejecutivo regional.

Otro hecho “grave” que ha llevado a los socialistas a presentar esta queja ha ocurrido este miércoles cuando “no se ha presentado nadie” a responder una pregunta del PSOE sobre el Plan de Modernización Digital de la Junta 2020-2024 durante la Comisión de Administración Pública en la Asamblea, ha denunciado Vergeles. En este sentido, el portavoz socialista ha asegurado que se está retrocediendo en transparencia, una situación que impide que haya un “buen gobierno” y trasciende el ámbito autonómico por lo que desde el PSOE consideran necesario elevar esta queja.

“Hay casos especialmente llamativos como personas que han pertenecido con una alta responsabilidad a una empresa de telecomunicaciones y que en estos momentos ejercen competencias en el ámbito de la transformación digital o gente del ámbito de la cultura que tenga o haya tenido una empresa a la que se le han concedido subvenciones”, ha comentado.

La queja deberá ser admitida ahora por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que la debatirá en pleno y emitirá posteriormente una resolución que puede ser una recomendación o una obligación a hacer determinadas publicaciones, ha indicado.