Regulación: derechos y justicia

La política, según Aristóteles, es el conjunto de actuaciones que cuidan de los hombres. Esta concepción del mundo clásico perdura hasta nuestros días, aunque algunos de los dirigentes que tenemos actualmente se empeñen en demostrar lo contrario. La convivencia, el bien común y la salvaguarda de los derechos de las personas deberían ser, por tanto, el objeto de la acción política. 

Yo sé que muchos de ustedes, al leer estas líneas, piensan que esta concepción filosófica está muy lejos de la realidad y que la política solo sirve para que se perpetúen determinadas estructuras de poder. Sin embargo, la política útil, con vocación hacia el bien común, existe, y esta semana hemos visto un ejemplo de ello con el acuerdo para regularizar a 500.000 personas inmigrantes en nuestro país. 

Una regularización que, simplemente, consiste en dar papeles a aquellos que ya están aquí, en nuestro país, que están trabajando y aportando en forma de impuestos como el IVA, pero que sin embargo, están haciéndolo sin permiso de residencia. Es decir, están trabajando en ‘negro’ y en demasiadas ocasiones en condiciones de semiesclavitud, gracias a la colaboración inestimable de algunos empresarios sin escrúpulos, que prefieren ahorrarse cuatro perras, en lugar de ofrecer certezas, seguridad y dignidad a las personas que tienen a su cargo. Están ya aquí, son nuestros vecinos y vecinas que madrugan y se desloman como los que más, pero, además, lo están haciendo sin ningún tipo de derechos, explotados y marginados. 

Solo mentes retorcidas, corazones de piedra y almas insensibles pueden negarse a algo así. Solo aquellos que solo están en política por sus propios intereses y beneficios pueden negarse a dotar de derechos y deberes a personas que están sosteniendo este país. Solo a aquellos a los que el bien común les importa poco, pueden pensar que esto es una política contraria al estado de derecho. 

Pero es que además, la regularización de las personas inmigrantes no sólo tiene efectos positivos en las condiciones de vida de las personas que durante años llevan sufriendo la falta de 'papeles', sino que además este acuerdo nos traerá importantes beneficios económicos a nuestro país, y es que se calcula un beneficio fiscal neto de 4.000 euros por cada persona regularizada. O lo que es lo mismo 2.000 millones de euros, que se dice pronto. 

Además, este acuerdo alcanzado entre Podemos y el PSOE era una demanda ciudadana que no había sido escuchada. Hace más de cinco años, organizaciones antirracistas y que trabajan con el colectivo de personas migrantes comenzaron una campaña de recogida de firmas que se tradujo en la presentación en el Congreso de los Diputados de una Iniciativa Legislativa Popular con más de 700.000 rúbricas. En 2024 se aprobó que esa iniciativa comenzara a tramitarse en la Cámara Baja. El único partido que votó en contra fue Vox. El PP, en esa ocasión, se tapó la nariz porque la iniciativa cumplía con todos los requisitos necesarios para ser tramitada. Sin embargo, ahora, con el acuerdo de regularización entre Podemos y el PSOE ha mostrado sus reticencias, asegurando que vulnera competencias europeas (algo que ya han desmentido hasta las propias instituciones europeas) y mostrándose abiertamente en contra. 

Esto no es algo nuevo, al PP de Feijóo todo lo que huela a derecho humanos le tira para atrás, pero se olvida de que su propio partido ha realizado regulaciones masivas de inmigrantes en la época de José María Aznar, que permitieron a más de 500.000 personas obtener sus permisos de trabajo y sus derechos. 

Estaría bien, por una vez, que el PP saliera de esa actitud de choque frontal contra todo y abandonaran esa campaña electoral continúa en la que se han instalado y leyeran algo más a Aristóteles y Platón sobre el concepto del bien común y la utilidad de la política.