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Unidas por Extremadura, sindicatos y patronal reconocen avances en la negociación de los PGEx

Reunión de la consejera de Administración Pública con los grupos parlamentarios para la negociación de los PGEx

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El primero encuentro conjunto de la Junta de Extremadura con los grupos de la oposición, y después con los sindicatos y la patronal para la negociación de los Presupuestos Generales de la comunidad para el año que viene no ha sido del gusto de todos. Mientras que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara apuesta por la bajada de los precios públicos y tasas para no poner en peligro el Estado del Bienestar, PP y Cs insisten en una rebaja de impuestos. Sin embargo, Unidas por Extremadura, los sindicatos y la patronal sí reconocen avances.

En la reunión de este miércoles la Junta de Extremadura ha vuelto a defender su propuesta de bajada de tasas y precios públicos y está “enrocada”, según el PP, en no abordar una rebaja fiscal en los próximos presupuestos autonómicos, como plantean populares y Ciudadanos, en los tramos más bajos del IRPF.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha precisado que la reunión se ha centrado en lo que va a financiar el presupuesto con “políticas de gasto orientadas a las clases medias y trabajadoras, al fortalecimiento de nuestro tejido productivo y a lo que se conoce como el efecto multiplicador del gasto”.

A su jucio, el debate de presupuestos tiene que orientarse en el “para qué” y en ese sentido ha indicado que la Junta quiere hacer “un presupuesto para todos y cada uno de los extremeños, para responder a sus necesidades, a sus inquietudes, con líneas de ayudas, con el fortalecimiento de políticas en materia de empresa, de digitalización o de servicios públicos”.

Los impuestos son “cuestión de principios”

Ha recordado que el Gobierno extremeño ha hecho ya un planteamiento de rebaja de tasas y precios públicos y cree que “es el momento de hacer el esfuerzo donde tenemos que hacerlo. No podemos caer en la incoherencia de ir a pedir al Estado 1.000 millones de euros más y reducir los ingresos con los tributos propios y los cedidos”. Preguntada sobre si la rebaja fiscal es una línea roja en la negociación presupuestaria, la vicepresidenta ha indicado que ella no lo calificaría así, sino como una “cuestión de principios”.

En respuesta al PP, Blanco Morales ha señalado que “aquí no hay nadie enrocado; hay un gobierno que trabaja responsablemente, que escucha a todos, plantea alternativas y quiere llevar esas alternativas a construir una sociedad mejor”.

Por su parte, la portavoz popular Cristina Teniente ha dicho salir de la reunión “decepcionada y profundamente preocupada” pues la posibilidad de abordar una rebaja fiscal “parece ya un escollo insalvable por parte de la Junta”. En su opinión, cuando Castilla-La Mancha ha anunciado rebajas en el IRPF por debajo de los 30.000 euros y Portugal plantea incentivos fiscales para atraer empresas y patrimonios, Extremadura “no puede quedar como una isla”.

Ante una situación abocada a la “emergencia económica y social”, según Teniente, “no se nos puede decir, como se nos ha dicho hoy, que para tocar impuestos teníamos que haber empezado a hablar en el mes de junio”. “Tenemos 700 millones de euros más en el presupuesto, si no bajamos impuestos ahora, la pregunta es cuándo se pueden bajar”, ha añadido la portavoz del PP, quien ha considerado que el “enrocamiento” de la Junta “no tiene ningún sentido ni ninguna lógica”.

En las políticas de gastos, ha añadido, puede haber “encuentros y desencuentros”, pero ha insistido en que hay que “tocar la tarifa del IRPF” porque con la subida salarial puede hacer “un salto de tramos y lo que se cobre por un lado, se pierde por otro”.

Cristina Teniente ha criticado que la Junta en la reunión de hoy tampoco haya concretado el impacto de su propuesta de bajada de tasas y precios públicos, y ha anunciado que su grupo ha solicitado una reunión específica para saber en qué se va a concretar el incremento en el gasto de sanidad y la atención primaria.

David Salazar, de Cs, ha manifestado que “se sigue avanzando” en la negociación y ha defendido que la bajada de tasas planteada por la Junta “no es suficiente” y es necesario abordar una rebaja de los tramos más bajos del IRPF para que los ciudadanos que menos ganan “vean un poco de ayuda en su bolsillo para sobrellevar esta crisis”.

Salazar ha adelantado que se va a hacer una reunión específica con la Consejería de Empleo y Educación para avanzar en la gratuidad de los comedores escolares y los libros de texto, una universalización que, según la portavoz de Unidas por Extremadura (UP), Irene de Miguel, no se va lograr en estos presupuestos.

De Miguel ha salido satisfecha de la reunión porque en ella se ha puesto de manifiesto, según ha dicho, que los presupuestos autonómicos irán en la senda de las cuentas para el próximo año marcadas por el Gobierno de coalición en España, para “ayudar y aliviar a las familias trabajadoras”.

Finalmente, la portavoz socialista, Lara Garlitos, ha considerado que lo mas importante es que los cuatro grupos estén sentados junto al Gobierno para plantear las “prioridades” que Extremadura necesita y ha dejado claro los prepuestos autonómicos de 2023 deben reflejar la apuesta por los servicios públicos, por la industrialización de la región y por el apoyo a autónomos y pymes. En ese sentido, Garlitos ha dejado claro que “si los impuestos son para sostener los servicios públicos, hay que mantenerlos” y ha defendido medidas como la rebaja de tasas y precios públicos planteada por Vara para “aliviar las economías familiares”.

Avances aún sin concretar

Los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación Regional de Empresarios (CREEX) ha reconocido este miércoles que sí se está produciendo avances en la negociación con la Junta de Extremadura en relación a los Presupuestos Generales de 2023, aunque su concreción está pendiente de futuros encuentros.

La secretaria general de UGT, Patro Sánchez, ha destacado que una de las cuestiones fundamentales que se le han planteado al Ejecutivo es que tanto a los trabajadores que vuelven a estar en situación de ERTES y a los parados de larga duración se les compense hasta llegar al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según Patro Sánchez, se ha pedido que se haga un estudio con los parados de larga duración, ya que, según los últimos datos, ha habido un aumento y entiende que a estos trabajadores se les tiene que compensar el SMI y que se contemple en los presupuestos de 2023. La dirigente de UGT ha indicado que desde la Junta se ha comunicado que se va a estudiar y en el caso de los trabajadores en ERTE para este año, desde la Consejería se está estudiando jurídicamente.

Por su parte, la secretaria general de CCOO, Encarna Chacón, también ha reconocido que en esta segunda reunión si ha habido avances en cuestiones que se le plantearon en la anterior, como el refuerzo de la sanidad publica o garantizar que los trabajadores no sigan empobreciéndose. En este sentido, ha destacado la importancia de continuar con el refuerzo para alcanzar el SMI a las personas en ERTE y que los presupuestos así lo contemplen. A su juicio, se va avanzando en la linea de lo que CCOO había planteado “y este es el camino”, además de resaltar que su formación no quiere “subastas fiscales” mientras que se necesitan más servicios públicos.

En cuanto a la CREEX, su secretario regional, Javier Peinado, ha dicho que están “moderadamente satisfechos” y ha explicado que se le ha remitido a la Junta un documento sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, cedidos a la Junta, ya que hay que intentar armonizar con territorios limítrofes como Andalucía. Además, también ha pedido dinamizar la compraventa de locales y viviendas de segunda mano, que se está resintiendo y una manera de paliarlo sería con la rebaja de un punto porcentual, del 7 al 6, para vivienda con carácter general, que solo recortaría la recaudación en poco más de un millón de euros.

La CREEX también ha puesto sobre la mesa revisión de los contratos públicos, no solo en obras, sino en suministros y servicios “porque no puede ser que se esté negociando subidas en ciertos sectores y luego las concesionarias que prestan esos servicios cobren los precios de hace tres años”, por lo que hay que actualizarlo. 

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