El pago a proveedores en Mérida se sitúa en 146 días, la deuda es de nueve millones
El Ayuntamiento de Mérida tiene un periodo medio de pago a proveedores de 146 días y el importe total de las facturas pendientes es de 9.176.766 euros, un incremento que se debe a “varios imprevistos” como distintas sentencias judiciales que el consistorio ha tenido que cumplir.
Asó lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz municipal, Carmen Yáñez, quien ha concretado que, según el último informe trimestral de la intervención municipal, el pago de proveedores ha aumentado en cinco días con respecto al mismo dato del mes de mayo.
En cuanto a las sentencias a las que se ha tenido que hacer frente, ha mencionado la de la Agrupación de Interés Urbanístico del acceso Norte, por más de 245.000 euros, y la del accidente laboral de un trabajador de La Encina, por más de 137.000 euros, a lo que hay que sumar intereses y costas de los procedimientos.
Además, en 2016 el ayuntamiento deberá pagar casi 5 millones de euros de la deuda financiera de los reales decretos de pago a proveedores (que tenían años de carencia), así como hacer frente “al reintegro de subvenciones no gestionadas en la anterior legislatura y que no se justificaron de forma debida”, según recoge el consistorio en un comunicado de prensa.
El consistorio, se indica, deberá asumir este año las devoluciones y reintegros de los tributos del Estado, que se cobraron durante 2013, ya que “la estimación se hizo por encima de lo que luego se ingresó”, además de haber asumido “la paga extra de diciembre de 2012”.
Traslado del mercadillo
En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado un convenio con la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) para que durante el mes de agosto la Oficina Municipal de Información al Consumidor se instale en la sede de esta entidad, en la Plaza de Santa María.
Asimismo, se ha aprobado el cambio de ubicación del mercadillo desde el 16 de agosto al 13 de septiembre, por la celebración de la Feria, y pasará de su actual ubicación en el ferial a los aparcamientos del propio recinto.
También se ha aprobado un convenio con la asociación de Parkinson de Extremadura para la celebración de prácticas no laborales en atención a personas a domicilio.
La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno, igualmente, a otro convenio con Cycitex para realizar un ensayo de control de dos especies invasoras, ailanthus altissima y acacia dealbata, en el ámbito del proyecto Life-invasep, a realizar en espacios verdes de la ciudad.
Desahucios
En relación a una actuación de la Junta en una vivienda ocupada, Yáñez ha señalado que “la familia que ha sido desalojada tenía ya una vivienda social adjudicada en la barriada Juan Canet, en la que están empadronados, y ahora ocupaban una segunda vivienda”.
“Lo que ha hecho la administración regional no es un desahucio sino abrir una vivienda vacía, porque nadie en la Junta tenía constancia tras los procedimientos llevados a cabo y el expediente que se había iniciado, de que la vivienda estuviera vacía, por lo que en ningún caso se ha producido un desalojo”, ha aseverado.
En su opinión, resulta “sorprendente” que los partidos que han hecho declaraciones al respecto “se negaron a firmar el pacto anti-desahucios de la Junta, no hicieron aportaciones, y ahora se ponen del lado de quienes quieren cometer una ilegalidad”.
