Los 230 clubes de alterne de la región continuarán abiertos

Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco han decretado el cierre de los clubes de alterne dentro de su lucha por frenar los contagios de coronavirus. Sin embargo, la Junta de Extremadura no se ha planteado aún esta posibilidad.

Así lo han asegurado desde la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, a preguntas de Efe sobre la petición hecha a las CCAA por la ministra de Igualdad, Irene Montero, para cerrar locales de alterne y prostíbulos, ya que los contagios que se producen en estos lugares “pueden conllevar un aumento potencial de positivos de difícil rastreo”.

Según datos del Ministerio del Interior referidos a 2019, en Extremadura habría unos 230 clubes de alterne, 129 en la provincia de Badajoz y 101 en la de Cáceres.

Además, según la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), que ha elaborado una guía con la que busca promover el compromiso social de los ciudadanos de erradicar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, en la región unas 2.000 mujeres ejercen la prostitución, aunque este dato es difícil de precisar ya que cada vez son más las que la ejercen en pisos particulares.

Otras comunidades

Gobiernos como el de Castilla-La Macha, ya publicó el pasado viernes un decreto para clausurar este tipo de establecimientos las 24 horas del día, que se ha hecho efectiva desde esta pasada medianoche.

También el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña dio por cerrados los prostíbulos con la resolución que publicó y en la que prorrogó sin fecha el cierre de discotecas, karaokes, bares musicales, salas de baile y de fiestas y “establecimientos públicos con reservados anexos.

En el País Vasco, el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, también comunicó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que en Euskadi ya está en vigor desde el pasado 19 la orden autonómica que, entre otras cuestiones, obligaría al cierre de los locales de alterne.

Por su parte, la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado que se está valorando la petición de la ministra de Igualdad, aunque hay dificultades para adoptar este tipo de decisiones ya que se trata de una actividad no regulada.