Activistas denuncian que la congelación de las ayudas al alquiler alarga la ‘agonía’ de los desahucios
Extremadura cuenta con unas 14.000 viviendas sociales, aunque las personas solicitantes de una alternativa habitacional son muchas más.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas recuerda que hay unos 29.400 solicitantes, en lista de espera. Según estas estimaciones, la vivienda social cubre en la región menos de la mitad de las necesidades de personas sin recursos, o en riesgo de exclusión social.
En esta línea, y con el objetivo de cubrir más necesidades, la Junta y otras organizaciones firmaron esta semana un protocolo para introducir mayor transparencia en el desahucio de ocupantes de viviendas sociales. Trataría los casos dudosos, junto con los 61 expedientes de desahucio iniciados por el Ejecutivo de Fernández Vara desde julio pasado.
María Ángeles Merino, de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, afirma que el problema principal es que muchas viviendas sociales están cerradas, mientras que en otras se podrían estar comtiendo conductas antisociales.
Apunta en este sentido Marisa Prudencio, activista en defensa de la vivienda y feminista, que hay un importante porcentaje del parque público 'infrautilizado'. Hace hincapié en que la propia administración no sabe muy bien en qué condiciones se encuentra una parte importante de ellas, y por lo tanto tampoco el uso que se hace. Algo que según piensa ha desemboacado en la situación actual.
Al mismo tiempo califica como una verdadera “barbaridad” que haya muchas viviendas vacías de la SAREB, y que continúen así como confirmó la semana pasada la Junta. El motivo, que los precios de cesión que pide esa sociedad inmobiliaria son muy altos, y el Ejecutivo extremeño alega que no puede aceptar costes “inasumibles”.
Las viviendas en alquiler
No son precisamente los desahucios de viviendas sociales lo que preocupa a los colectivos. Son de hecho los desahucios que se cometen en las viviendas en alquiler. Calcula la PAH que desde la nueva normativa, que protege más al propietario y penaliza más al inquilino, los desahucios se han duplicado en Extremadura hasta situarse por encima de las ejecuciones hipotecarias.
Este es el motivo por el que tanto la Plataforma de Afectados por las Hipotecas como Campamento Dignidad advierten de que la apertura de la convocatoria de las ayudas al alquiler estatal se ha convertido en una verdadera emergencia social. Unas ayudas que llevan un año sin convocarse, y que seguirá así según la Junta, al menos hasta que se aprueben los nuevos presupuestos regionales de Extremadura de 2016.
¿Supeditados a los presupuestos de 2016?
Fuentes de la Consejería de Política Social trasladaron días atrás a este diario que el convenio de colaboración firmado entre Ministerio de Fomento y el Ejecutivo extremeño para el fomento del alquiler está paralizado en la actualidad porque al ser un gasto que se producirá en 2016, “requiere la fiscalización anticipada”. Y “al no existir Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016, eso no se ha podido producir y estamos a la espera de tener un Presupuesto para publicar esa convocatoria cuya documentación está preparada”.
Campamento recuerda de nuevo que la Junta sí tiene presupuestos en la actualidad, en concreto los de 2015, vigentes ahora. A lo que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas añade que la situación actual requiere con urgencia que las ayudas funcionen, cuanto antes. Insiste en que la congelación de la ayuda al alquiler alarga la ‘agonía’ de desahucio de las familias.
Hablando de ejemplos
En este ámbito la Plataforma de Afectados por las Hipotecas pone algunos ejemplos. Se refiere al caso de una familia tipo que recibe una ayuda social de 426 euros. Lógicamente, si esa familia tiene que hacer frente a un alquiler de entre 200 ó 300 euros, las cuentas no cuadran por ninguna parte.
Ahora, si por ejemplo tuviesen un aporte económico que les hiciera pagar solo de alquiler entre 100 ó 150 euros, su situación sería completamente diferente.
Una cuestión que comparte el Campamento Dignidad, que este mismo lunes atendía un nuevo caso de desahucio de vivienda en alquiler en la ciudad de Mérida por parte de una familia que no podía hacer frente al alquiler. Hace hincapié en que este desahucio, al igual que otros tantos, podría haber tenido un final diferente si las ayudas congeladas desde hace un año estuviesen disponibles.
