Las ayudas al alquiler se desbloquean tras un ‘parón’ de un año y aumentan su cuantía hasta los 2,8 millones
Volverán a reabrirse lo antes posible. Este es el mensaje que lanzó este lunes el consejero de Política Social, José María Vergeles. Anunció la reapertura de las ayudas al alquiler tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Fomento y el Ejecutivo regional. La cuantía acordada pasará de los 500.000 euros de la última convocatoria, a los 2,8 millones.
Diferentes colectivos sociales reclamaban desde tiempo la apertura inmediata de estas ayudas. Su principal preocupación era que los desahucios en vivienda de alquiler se han duplicado en Extremadura hasta situarse por encima de las ejecuciones hipotecarias, a causa del endurecimiento de normativa, que protege más al propietario y penaliza más al inquilino.
Campamento Dignidad o la Plataforma de Afectados por las Hipotecas ponían de manifiesto que estas familias, en caso de haber tenido a su disposición estas ayudas, podrían haber evitado los desahucios.
Fuentes de la Consejería habían trasladado a este diario días atrás que el convenio de colaboración firmado entre Ministerio de Fomento y el Ejecutivo extremeño para el fomento del alquiler estaba paralizado porque al ser un gasto que se producirá en 2016, “requiere la fiscalización anticipada”. Y “al no existir Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016, eso no se ha podido producir y estamos a la espera de tener un Presupuesto para publicar esa convocatoria cuya documentación está preparada”. Finalmente los trámites se agilizarán.
De hecho el consejero anunció este lunes que se hará una consulta a Hacienda, con el objetivo de determinar si estas ayudas pueden aprobarse sin tener los presupuestos aprobados. Esto supone “un esfuerzo en la negociación, haciendo visible la singularidad que tiene Extremadura dentro del Plan General de Vivienda”.
45 viviendas de la SAREB
Otra de las novedades que adelantó el consejero son las negociaciones que mantiene la Junta de Extremadura con la SAREB (el banco malo) para alcanzar un convenio que permita poner sus viviendas en alquiler social.
De este modo se ha alcanzado un preacuerdo, “en unas condiciones muy ventajosas para Extremadura”, para alcanzar una cifra cercana entre 40 y 45 viviendas disponibles y para que puedan ser habitadas inmediatamente. Una cifra completamente insuficiente tanto los Campamentos Dignidad como para la PAH, que cifra en 29.400 los solicitantes en lista de espera para acceder a una vivienda social.
Vergeles explicó no obstante que su objetivo es incrementar el parque de viviendas sociales y uno de los motores que permitirá este incremento “será el acuerdo puntual al que lleguemos con las SAREB y las entidades bancarias”.
Código de Buenas Prácticas
En materia de vivienda anunció también que mantienen contactos con las entidades bancarias, y que probablemente a finales de este mes dispondrán de un documento de acuerdo con ellas para ampliar la cobertura de lo que se conoce como Código de Buenas Prácticas.
El objetivo sería conocer cuál es el inventario de viviendas vacías que tienen en la región cada una de estas entidades, “así como que nos cedan algunas de las viviendas para poderlas ofrecer al alquiler social”.
Según Vergeles el objetivo de la Junta de Extremadura en materia de vivienda es hacer la vida más fácil a la gente y sobre todo “llegar a desahucios cero y asegurar el derecho a una vivienda digna”. Y en esta materia anunció la creación del Observatorio de la Vivienda “que permitirá hacer un inventario de las viviendas libres, públicas y privadas” y la puesta en marcha del Programa de Intermediación Bancaria.
El consejero ha afirmado que desde las políticas de Vivienda de la Junta de Extremadura “estamos trabajando en la regulación normativa para asegurar el derecho a la vivienda” y aparecen dos normas importantes “como son el decreto ley y la Ley de Emergencia Social de la Vivienda”.
Ha explicado que en el decreto ley aparece la prórroga de la aminoración del cien por cien del alquiler social de la renta para aquellas personas que hayan tenido un problema económico importante; la no penalización a aquellas personas que a la desesperada han ocupado ilegalmente un vivienda pero que ya la tienen solicitada y ayuda al alquiler social para las víctimas de una ejecución hipotecaria.
En su opinión, la mejor política social que hay en la región es la de generar empleo y en este sentido el sector de la construcción “es nuestro tercer sector económico y que del fomento de ese sector dependerá también parte de los empleos que se puedan generar”.
Según Vergeles, esto se está haciendo a través del Plan de Rehabilitación y Viviendas de Extremadura “que próximamente verá la luz en forma de decreto y en el que ha sido participado por muchos agentes”.
