Un año después, solo se ha tramitado la mitad de las denuncias del primer estado de alarma

Un año después, las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno solo han tramitado la mitad de las denuncias puestas por incumplimiento del primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020.

Son 481.969 actas (un 50,1%) de los 960.580 expedientes derivados del incumplimiento de las medidas de limitación de circulación en toda España excepto País Vasco y Cataluña, que tienen su propia competencia en seguridad ciudadana y manejan sus propios datos.

Pero además, de las tramitadas, únicamente 172.482 se han resuelto con sanción, lo que no llega al 18% del total de denuncias.

Otras 87.826 han sido trasladadas a otras administraciones, 54.193 están todavía en proceso de instrucción y 11.206 han sido archivadas. Hay por otro lado un numeroso resto, 156.262, que tras el análisis del instructor se ha visto que no había lugar a la denuncia.

Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) son las comunidades con más denuncias, mientras que Ceuta y Melilla las que menos con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente.

Reforzar el personal

Quedan pendientes de tramitar, y además estamos hablando todavía solo del primer estado de alarma (en noviembre empezó el segundo) 478.611 actas (el 49%) y de hecho este jueves se pone en marcha un programa de refuerzo para agilizarlas y ayudar así a las 235 personas en todo el país encargadas de determinar si procedía o no iniciar el expediente sancionador.

El año anterior, 2019, por comparar, el total de denuncias recibidas en las Delegaciones del Gobierno referidas a todos los ámbitos en los que se ejerce la potestad sancionadora, es decir, seguridad ciudadana, drogas, armas, seguridad privada, violencia en el deporte, derecho de reunión, etc., ascendió a 464.734, de las cuales 64.346 estaban referidas al ámbito de seguridad ciudadana.

Esta cifra contrasta con las 960.580 actas de sanción interpuestas en un periodo de solo tres meses correspondientes al primer estado de alarma, ocho veces más que un periodo equivalente de 2019.

En el segundo estado de alarma la tramitación de los expedientes de sanción corresponde ya a las Comunidades Autónomas.