Campamento Dignidad denuncia que hay bancos que embargan la renta básica y subsidios a las familias

Asegura que en muchos barrios de Extremadura numerosas personas acuden el 10 de cada mes a medianoche a los cajeros automáticos de los bancos para retirar sus fondos de subsidio de desempleo ya que si no “el banco lo considera depósito y se queda con el dinero, lo que es un robo a mano armada”. 

Campamento Dignidad denuncia que miles de extremeños sufren “un robo a mano armada” de la renta básica por parte de los bancos, pero también de las administraciones Públicas. 

Alerta de que son muchas las familias que se enfrentan a los embargos de la renta básica, de los subsidios y de las pensiones no contributivas por parte de las entidades financieras.

Desde el campamento, Manuel Cañada apunta que lo más grave es que estas actuaciones también las llevan a cabo “de una forma sistemática” las administraciones públicas, entre ellas los organismos autónomos de Recaudación (OAR) de las diputaciones provinciales. 

“Es una vergüenza que la gente tenga que ir allí a presentar unos papeles para decir que, si son tan amables, se les devuelva el dinero”. Según Cañada, esto ocurre “día tras día” en todo el país y evidencia “la cotidianeidad de la pobreza en la que está la población”.

Un caso de embargo 

Los campamentos se concentraron a las puertas de los juzgados de Mérida para arropar a Pilar Rodríguez, una vecina de Villafranca de los Barros que presentó ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura un escrito de denuncia por el embargo de la renta básica de inserción por parte del Banco Santander.

Esta mujer ha hecho entrega de un documento en el que relata hechos, con el objetivo de que valore si los mismos son constitutivos del delito de apropiación indebida tipificado en el artículo 253 del Código Penal. De hecho los Campamentos Dignidad consideran que se debe solicitar la imputación de los responsables del Banco de Santander.

Ante este caso los campamentos señalan que “es un caso simbólico, el hilo del que tiene que tirar la Fiscalía para acabar con un problema colectivo”. El abogado de Pilar, Jesús García, advierte que “alegremente” se vulnera una normativa nacional cuyo fin es, por ejemplo, “que la gente vaya al supermercado a comprar patatas”. Tras contactar con la dirección de la sucursal del Banco Santander denunciada, se evidencia que no conocían las normativas y, lo que es más grave, que “el propio Banco de España les recomendaba cumplir la Ley”.

La Junta de Extremadura ingresó el 11 de enero la cantidad que le corresponde a Pilar en concepto de renta básica de inserción, exactamente 585,76 euros, en razón de los miembros que componen la unidad familiar (ella y tres hijos). Diece la afectada que el banco le ha tenido embargada esa cantidad hasta el 5 de febrero, fecha en la que 30 personas del Campamento Dignidad la acompañaron y entraron con ella a la oficina principal que el Banco Santander tiene en Mérida. 

¿Qué dice la ley?

Los activistas advierten que el artículo 607.1 de la Ley de Enjuicimiento Civil establece que “es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional”.

“Por si eso fuera poco, el artículo 4 de la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción también establece que ésta tiene un carácter finalista,….será intransferible, no pudiendo ser objeto de cesión, embargo o retención, salvo en el caso de deudas derivadas de pensiones alimenticias”.

A pesar de que, “por activa y por pasiva se le reiteró al banco que estaba cometiendo una ilegalidad, y a pesar del grave perjuicio para una familia que no tenía con qué atender sus necesidades básicas de alimentación”, el Banco Santander se negaba a pagar la renta básica a Pilar, afirman

“Desgraciadamente este no es, ni mucho menos, un caso aislado. Sólo en Extremadura son centenares -por no decir miles- de casos, muchos de los cuales nos llegan a los Campamentos Dignidad. Y otro tanto ocurre en toda España, también con los subsidios de desempleo (428 euros) o con las pensiones no contributivas (366)”.