Las denuncias por violencia machista caen un 9,5% en el primer trimestre
El número de denuncias por violencia de género descendió un 9,5 por ciento en Extremadura en el primer trimestre del año, marcado por el confinamiento y el “encierro” de las víctimas con su agresor.
Durante estos tres meses se pusieron 546 denuncias en los juzgados encargados de la violencia sobre la mujer en la región, según los datos publicados este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y dados a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en un comunicado.
Señala que la declaración del estado de alarma el 14 de marzo ha repercutido en la actividad de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, si bien ésta fue declarada esencial y no quedó afectada por la suspensión de los plazos procesales ni paralizada “en ningún momento”.
Asimismo, en el periodo analizado, el número total de víctimas fue de 528, un 8,2 por ciento menos que en el mismo trimestre del año pasado.
En concreto, la tasa de víctimas de la violencia de género en España fue de 14,4 por cada 10.000 mujeres -hace un año fue de 16,11- y, por comunidades autónomas, Extremadura se encuentra entre los territorios con la ratio más baja con un 9,9.
También se redujeron, un 10,8 por ciento, el número de órdenes de protección solicitadas ante los juzgados de guardia y responsables de violencia sobre la mujer.
En total se solicitaron 181 y se denegaron 46, un 13,2 por ciento menos que en el mismo periodo que el año anterior.
En cuanto a las sentencias, entre enero y marzo los órganos judiciales -juzgados de Violencia sobre la Mujer, juzgados de lo Penal y audiencias provinciales- dictaron un total de 111, de las cuales 101 han sido condenatorias.
Las mujeres víctimas de la violencia machista que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar fueron 34 -6,4 por ciento del total-, una cantidad que supone un 47,8 por ciento más a la del primer trimestre de 2019, en el que fueron 23 víctimas.
De estas mujeres, 28 eran españolas y 6 tenían otra nacionalidad.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género recoge además que los juzgados de menores extremeños no enjuiciaron entre enero y marzo de este año a ningún menor de edad por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer, mientras que en el mismo periodo del año anterior se juzgaron a dos menores.
Para la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, los datos estadísticos de este primer trimestre de 2020 empiezan ya a reflejar las consecuencias de la declaración del estado de alarma decretado en el país.
El descenso de las denuncias interpuestas por violencia de género demuestra la “dramática” situación que muchas mujeres han tenido que vivir como consecuencia del encierro causado por la crisis sanitaria del COVID-19.
“Un encierro junto a su maltratador en un lugar -el domicilio- donde se producen habitualmente los hechos delictivos, un escenario del miedo donde se consuman tres de cada cuatro asesinatos”, afirma.
A su juicio, el confinamiento ha podido ser la causa que ha hecho “aún más difícil” para las víctimas poner los hechos en conocimiento de las autoridades.
Explica que el descenso de las solicitudes de órdenes de protección y demás medidas cautelares se corresponde con la disminución de denuncias interpuestas.
El menor número de sentencias dictadas en esta materia, añade Carmona, encuentra su explicación en la suspensión de los plazos procesales, aun cuando la actividad jurisdiccional en esta materia fue declarada actividad esencial por el CGPJ.
No obstante, aclara que hay datos que permiten acreditar que el sistema institucional funciona y es “cada vez más eficaz”, pues el porcentaje de órdenes de protección acordadas por los órganos judicial sube en relación al mismo trimestre del año anterior y el número de sentencias condenatorias es sensiblemente superior.
El Observatorio insiste además en la necesidad de implicación de toda la ciudadanía en la lucha contra la violencia de género pues, precisamente en los momentos de confinamiento, la actuación del entorno de la víctima deviene “esencial” para evitar el sufrimiento que suponen los malos tratos para la mujer y para sus hijos.
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