Extremadura y otras diez comunidades exigen a Rajoy que cambie su postura en la UE sobre los refugiados

Los consejeros de once autonomías han firmado un documento conjunto en el que ponen de manifiesto la “incapacidad y la resistencia del Gobierno de España para plantear respuestas y comprometerse en las soluciones” frente a esta crisis, y advierten de que “ese no es el sentir mayoritario”. 

Extremadura, junto a otras diez comunidades autónomas, han firmado una declaración conjunta en la que reclaman al Gobierno en funciones del PP que cambie su postura en la Unión Europea frente a la crisis de los refugiados. Junto a la región, se han sumado a la declaración  los gobiernos de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Islas Baleares y Navarra.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha avanzado tras la Comisión Mixta de Atención y Acogida a personas refugiadas y Desplazadas, que trasladarán esta declaración al resto de autonomías para que se sumen a la petición conjunta. Las autonomías firmantes piden “un cambio en el discurso público del Gobierno de España”, así como que se asegure la llegada de refugiados en condiciones de seguridad y se pongan los medios para darles una acogida “amable”.

La crisis de los refugiados, señala la declaración, “pone en cuestión algunos de los valores más básicos sobre los que se asienta la propia construcción europea”, como la solidaridad entre sus miembros, la búsqueda de la paz, el compromiso con la promoción de la democracia y la garantía y protección de los derechos humanos.

“Las instituciones europeas no están a al altura”

Las autonomías firmantes lamentan que las instituciones europeas “no estén a al altura” de la gravedad de los conflictos que se vienen desarrollando a las mismas puertas de Europa, sin que se llegue a plasmar además mínimamente un compromiso humanitario para atender a las consecuencias de los mismos. Advierten además que “se están poniendo de manifiesto en Europa actitudes y planteamientos que son incompatibles con el modelo de convivencia que tanto ha costado construir”.

Respecto al Gobierno español, cuestionan su “reiterada negativa” a contar con las comunidades autónomas, que han ofrecido su plena colaboración, “un motivo adicional -añaden- de la incapacidad mostrada con la actual política de asilo y refugio”. Recuerdan asimismo que los gobiernos autonómicos son competentes en materias muy vinculadas al proceso de acogida e integración de los refugiados, como son vivienda, sanidad, políticas activas de empleo, formación de adultos, educación o servicios sociales.

Solo con la colaboración de todas las administraciones se puede conseguir este objetivo y ello requiere, también, que las CCAA se coordinen con ayuntamientos y otros entes locales que son los gestores de los aspectos más cotidianos de la convivencia, aseveran. Por todo ello demandan a las instituciones europeas y a los gobiernos de los Estados Miembros “una mayor implicación” a la hora de atender a las personas desplazadas por conflictos bélicos especialmente violentos y sangrientos.

Desbloqueo de los procedimientos 

Piden el desbloqueo de los procedimientos que permitan la llegada segura de las personas refugiadas y una distribución adecuada por toda Europa, y exigen al Gobierno de España que ponga en marcha los medios económicos necesarios y los procedimientos administrativos que permita a las autonomías participar en la distribución de los recursos económicos destinados a la atención de este colectivo.

Reiteran asimismo su disposición a colaborar en la acogida y la integración social de las personas refugiadas que pudiesen llegar, y consideran “imprescindible” el establecimiento de unos criterios de distribución geográfica “objetivos, homogéneos y consensuados”.

Del mismo modo, exigen la convocatoria, con carácter de urgencia, de la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar de forma conjunta esta cuestión, piden la constitución de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados para debatir un nuevo modelo en las políticas de asilo y refugio.