Extremadura debe fijar antes de abril su reglamento sobre la gestión del agua

La Ley extremeña de Gestión y Ciclo Urbano del Agua, que entró en vigor en marzo de 2023, deberá tener antes de abril de este año su reglamento, el cual fija los derechos y deberes de los usuarios, por lo que la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha instado a la Administración a acometer en breve esta labor.

“Se trata de cuestión muy importante”, ha afirmado a EFE el técnico de la UCE, Roberto Serrano, quien considera que el avance en el reglamento en este primer tramo del año es “uno de los retos más importantes” del área de los consumidores en la región.

En la actualidad, las tarifas municipales, la instauración de las medidas sociales a este respecto o los sistemas de reclamación son muy diferentes entre unas localidades y otras. A este respecto, Serrano ha afirmado que “es importante contar al menos con un marco legal uniforme”, aunque cada Ayuntamiento “pueda posteriormente por ejemplo fijar la tarifa”.

Como ha explicado, “la ley fue muy bien desarrollada, trabajada y consensuada”, pero si ahora no se avanza reglamentariamente “al final quedaría en nada, pues no se podría desarrollar”. Por ello, espera que el nuevo Ejecutivo regional pueda impulsar este texto y el trabajo previo con los actores implicados para contar “con esta importante normativa sobre objetivos y condiciones de la prestación del servicio en cuanto a calidad y control, criterios de tarificación, derechos o garantías de los usuarios”.

Otro de los retos de este año en el área de los consumidores, según ha manifestado, es “llevar a cabo un texto refundido en el marco del Estatuto del Consumidor” en relación a los diversos decretos regionales hoy existentes sobre hojas de reclamaciones, de talleres de automóviles o de servicios de reparación a domicilio, para unificarlos y actualizarlos, pues datan de los años 80.

Esta actualización sería conveniente realizarla a través de un texto refundido, ha incidido, para que toda esta normativa sobre consumidores esté en un mismo cuerpo normativo, pasos que han dado ya diversas comunidades autónomas.