Extremadura aprueba su ley del Agua, la primera que regula este recurso en 40 años de autonomía

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves, con la única oposición del PP, el proyecto de Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura, que reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano y garantiza la prestación de los servicios en condiciones adecuadas y de igualdad para toda la ciudadanía extremeña. Se trata de la primera norma de este tipo en 40 años de autonomía en la región.

Según la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, “esta ley reconoce a todos los extremeños el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano y garantiza una prestación de calidad de estos servicios, independientemente de dónde vivan”.

Con ella también se reconoce a los entes supramunicipales como herramientas necesarias para garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de menor tamaño ante la falta de recursos técnicos y económicos. En esta dirección con esta nueva ley y desde el respeto a la autonomía municipal, se impulsa una gobernanza compartida entre todas las administraciones que tienen competencias en materia de agua.

La nueva norma apuesta por la transparencia, la planificación y la participación pública y destaca especialmente en su contenido, según ha destacado la Junta, la importancia de la planificación de infraestructuras, de forma que cada 6 años debe elaborarse un plan regional en coherencia con la planificación hidrológica asegurando la viabilidad técnica, ambiental, social y económica de las obras hidráulicas que ejecute la Junta de Extremadura.

La consejera ha calificado esta ley como una norma moderna y consecuente con la necesidad de afrontar el cambio climático y finalmente la valora como “muy positiva para Extremadura y los extremeños, porque nos da herramientas para defender y aprovechar mejor este patrimonio común que es el agua”.

Valoraciones de la oposición

El pleno de la Cámara ha debatido este jueves las 86 enmiendas de la oposición -51 de Unidas, 6 de Cs y 29 al PP- reservadas para su debate en la sesión tras la incorporación de las cinco del Grupo Socialista en comisión. De las presentadas por la formación morada, catorce han sido transaccionadas por el PSOE -y aceptadas por Unidas- en un debate en el que todos los grupos han coincidido en la necesidad de esta norma, a excepción de los populares, que ya presentaron una enmienda de totalidad a la misma sin éxito.

Ante vecinos de Valencia del Ventoso (Badajoz) -que en los últimos días han protestado por la calidad del agua que reciben en sus domicilios- y de un representante de la organización de consumidores FACUA, que han acudido a la sesión, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha subrayado la “necesidad” de esta ley porque el agua no es una “mercancía” sino un “derecho”.

Tras defender su gestión desde los poderes públicos para “alejarse de las lógicas de mercado”, ha valorado que la norma “por fin” establezca que los canon concesionales deber ser finalistas “y reinvertirse en la gestión del agua”.

Entre las enmiendas de su grupo, ha destacado las que reclaman que la administración pública ayude a los municipios para eliminar paulatinamente las tuberías de fibrocemento, “prohibidas en la UE desde 2001”, y la gestión pública de saltos hidráulicos para “no dejarlos en manos del oligopolio eléctrico”.

Para el portavoz de Cs, Fernando Balsega, es también una ley “muy necesaria” porque “estamos hablando de la salud de la gente y del acceso al agua para todos en condiciones dignas”, pero ha subrayado la necesidad de que esté acompañada de partidas presupuestarias. Con sus enmiendas -una de ellas aprobada-, la formación naranja ha pedido, entre otras cuestiones, garantizar la representación de las asociaciones de consumidores; que el desarrollo reglamentario de la ley se lleve a cabo en el plazo máximo de un año; incrementar la sanción leve mínima de 60 a 200 euros, y ampliar a un año el plazo para impedir que grupos vulnerables y marginados se vean privados del acceso al agua.

El PP, por contra, se ha mostrado muy crítico con la norma al considerar que limita la iniciativa privada, establece un “control férreo” de la gestión por parte de la Junta, interviene la autonomía municipal e incrementa la burocracia y el gasto público.

Además, “regula aspectos ya regulados”, ha aseverado su diputado Víctor del Moral, que ha pedido al Ejecutivo y el PSOE que “deje de reírse de la gente” porque en España el agua es pública desde 1978 porque así lo establece la Constitución, así como los servicios relacionados con el abastecimiento, el saneamiento y la depuración desde 1985, porque lo regula la Ley de Bases de Régimen Local.

Con sus enmiendas, el Grupo Popular ha pedido la supresión de algunas de las atribuciones de competencias que la ley concede a la Junta, a su juicio contrario a normativa autonómica y estatal, y eliminar las obligaciones que se impone a los municipios en materia de concesiones, así como el régimen de responsabilidad de estos con los tratados internacionales.

Por el Grupo Socialista, su diputado Carlos Labrador ha lamentado que el PP “vuelve a dar la espalda” a los ciudadanos y ha defendido el respeto de la norma a la autonomía municipal, pues “solo serán los ayuntamientos quienes decidan voluntariamente”, así como su compromiso con las persones vulnerables, a las que protege.