Transición Ecológica asegura que no tuvo información previa sobre los desembalses y que es competencia del Estado

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha defendido que la Junta no tuvo información previa a los polémicos desembalses de este verano, ante cuyas “perjudiciales” consecuencias realizó desde el primer momento las gestiones oportunas frente a los órganos competentes, mientras que la oposición ha criticado su “inacción” al respecto.

García ha comparecido ante el Pleno de la Asamblea para informar sobre las comunicaciones que ha realizado Iberdrola a la Junta acerca de las actuaciones en los embalses este verano, formulada conjuntamente por Ciudadanos y Unidas por Extremadura.

La consejera ha señalado que no se les ha comunicado “nada” por parte de ninguna eléctrica sobre los desembalses porque, según establece la ley, no estaban previstos daños a la fauna acuícola, que “no hay constancia de que se hayan producido”, y la Junta no fue invitada ni asistió a las últimas comisiones de desembalses de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo en abril y del Guadiana en mayo.

Tras recordar que la competencia de los embalses es de los organismos de cuenca que pertenecen al Estado, ha recordado la reciente aprobación de un real decreto por el que se modifica la Ley de Aguas para garantizar unos límites en los caudales mensuales a desembalsar y unos volúmenes mínimos de reservas.

Además, Olga García ha subrayado que “los organismos de cuenca deben priorizar la satisfacción de las demandas de agua de los abastecimientos a la población antes que las actividades productivas particulares”.

La Junta, ha incidido, mantiene su exigencia de una gestión hídrica adaptada al cambio climático, sometida al principio de “cautela y precaución”, que salvaguarde “siempre la prioridad de un abastecimiento de agua a la población en cantidad y calidad suficiente”, y que garantice el caudal ecológico“.

En su intervención, ha detallado todas las actuaciones del Ejecutivo extremeño en este sentido durante el verano como diversas solicitudes de interrupción de desembalses, por ejemplo en Valdecañas y Alcántara, para evitar problemas ambientales o de abastecimiento; petición de información y reuniones con los presidentes de las dos confederaciones y con el secretario de Estado de Medio Ambiente en aras de que no se repitiesen episodios similares.

La petición al ministerio de medidas de corrección para preservar los derechos de la ciudadanía extremeña es otra de las iniciativas que ha mencionado García, quien también ha aludido a las acciones concretas referidas al Parque Nacional de Monfragüe, donde se han tomado muestras periódicas y se ha hecho un seguimiento del caudal, sin que conste “afección a especies y hábitat” debido a desembalses.

“Cómplice” para UPE

El parlamentario del Grupo Ciudadanos Fernando Baselga ha exigido “responsabilidades” a la Junta por el “desastre ecológico” ocurrido en Monfragüe, pidiéndole el cese del director del parque nacional, y en lo que supone “un nuevo saqueo de los recursos de los ciudadanos” extremeños, en este caso para producir “energía barata” en una época con la factura de la luz “más cara”.

Más severa en su discurso ha sido la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha pedido la dimisión de la consejera por las “nefastas” consecuencias de los desembalses, con el río Tajo en Monfragüe convertido en “una balsa de lodo llena de putrefacción y malos olores”.

Ha criticado el rechazo del PSOE a sendas comisiones de investigación y de estudio en la Asamblea, así como a profundizar en un cambio de la ley autonómica para sancionar a las eléctricas como se ha hecho en Galicia, y ha insistido en preguntar a la consejera, a la que ha acusado de “cómplice”, si puede asegurar que ni ella ni nadie de la Junta acabará en “una puerta giratoria”, unas “insinuaciones e insidias personales” que García ha censurado.

Por su parte, el diputado del Grupo Popular Bibiano Serrano ha acusado a García de formar parte de una “farsa” del Gobierno y desempeñar “un papel desde que estalló el tema de la subida de luz”, pues se ha buscado bajar el precio de la factura a costa de “meter energía barata” y que “no se machacara más” al Ejecutivo ante la “indignación” de la calle, al tiempo que ha dicho que los expedientes informativos abiertos a las eléctricas “no servirán de nada”.

Precisamente Bibiano Serrano ha sido el encargado de defender una propuesta de impulso del PP, rechazada con los votos en contra de PSOE y Unidas por Extremadura, en la que se pedía al Gobierno de España adoptar una serie de medidas para rebajar en un 20 % la factura de la luz, que ha subido un “475 %” esta legislatura y bate “récord cada día”, en aras de mitigar su impacto en la economía de los hogares.

Tras preguntarse qué hubiera ocurrido si esto pasase con un Ejecutivo del PP, Serrano ha indicado que la subida de la luz afecta especialmente a Extremadura, con las “rentas más bajas” del país, a lo que se suma el “agravio” de que es una de las principales regiones productoras de energías renovables y no renovables, y exporta el 77 % de la energía que produce“.

Por eso, una de las medidas que solicitaba la iniciativa era un régimen especial tarifario para Extremadura, algo en lo que se han mostrado de acuerdo Cs y Unidas, mientras que el PSOE ha reprochado a los populares que, “tanto defienden la unidad de España”, que esto sería “lo mismo que están haciendo los separatistas”, y ha asegurado que en un régimen para las comunidades que más energía generan, “Extremadura sería la sexta y Cataluña, primera”.

Sobre esta misma cuestión, y en el turno de preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, el diputado del PP Laureano Leal ha tildado de “cobarde” la actitud de la Junta por declarar “incompatible” la caza en el Parque Natural de Monfragüe, pero no el aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos.

Tras recordar que la incompatibilidad de la caza fue una ley del PP, la consejera ha respondido que los aprovechamientos hidroeléctricos en Monfragüe eran previos a la declaración como Parque Natural, y ha defendido la idea de “no renovar” en un futuro dicha concesión“ de aprovechamiento hidroeléctrico.