El TSJex confirma que un comité de Diputación Badajoz no puede decidir sobre el cumplimiento de la memoria histórica

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha estimado parcialmente los recursos de apelación presentados por la Diputación de Badajoz contra las sentencias que dieron la razón al Ayuntamiento pacense en su denuncia contra los planes Dinamiza 4 y Extraordinario 2018, que vincularon las ayudas provinciales al cumplimiento del catálogo provincial de Memoria Histórica.

Tras conocer las sentencias la Diputación explica en un comunicado que no anulan la totalidad de las bases reguladoras de los planes, tal y como sí hicieron los juzgados de lo contencioso administrativo que dieron la razón al Ayuntamiento, sino solo el preámbulo, varios artículos -cinco en el caso del Plan Dinamiza y siete en el Extraordinario- y un anexo, manteniendo así el resto del articulado.

Además, el TSJEx ha decidido no imponer costas procesales ni a Diputación ni al Ayuntamiento.

Tal y como indican ambas sentencias, el TSJEx entiende que la Diputación no tiene competencias para valorar y resolver si el Ayuntamiento cumple o no con la Ley de Memoria Histórica, por cuanto las recomendaciones del Comité de Expertos creado por la institución provincial para determinar los vestigios franquistas a eliminar son “precisamente eso, recomendaciones”.

Sin efectos

“Cierto es que la Diputación ostenta competencias para vincular su política de subvenciones al cumplimiento de los fines instrumentales y específicos establecidos en la Ley de Memoria Histórica, pero no es menos cierto que los informes de su Comité de Expertos no tienen efectos frente a terceros”, añaden.

Según precisan, la obligación de que los ayuntamientos cataloguen sus vestigios “habrá de ser exigida por los cauces legales”.

En su nota, la Diputación ha expresado su respeto por estos dos fallos judiciales, como “las anteriores dictadas por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz”, aunque realiza distintas “consideraciones”.

En primer lugar, entiende que la implantación de la iniciativa para detectar los vestigios franquistas ha sido un “verdadero éxito”, pues se identificaron 255 en la provincia sobre los cuales el Comité de Expertos pidió que se actuase.

Añade que un total de 16 vestigios, y dentro de estos ocho con carácter obligatorio, “no fueron atendidos” por el Ayuntamiento de Badajoz, convirtiéndose de este modo “en la única ciudad que se opuso a ello en el conjunto de la provincia”.

La Diputación expresa además que el proceso se realizó “como mejor” pudo y supo, pero a la vista de las sentencias “no fue suficiente”, aunque el texto admite “las serias dudas de derecho y la complejidad que presenta el proceso contencioso-administrativo”.