La vacuna de la varicela se empezará a administrar a bebés a partir de 2016

La vacuna de la varicela se empezará a administrar en edad pediátrica precoz a partir de 2016, según el acuerdo al que han llegado este miércoles el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud.

Así lo ha manifestado el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en rueda de prensa al término de una reunión que se ha prolongado durante más de seis horas y en la que se ha ratificado que una primera dosis de esta vacuna se administre entre los 12 y los 15 meses y una segunda entre los 3 y 4 años.

El impacto para los presupuestos del año que viene ronda los 6 millones de euros y 14,5 para el siguiente, un coste que, según Alonso, va a ser asumible para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

A pesar de las reticencias planteadas por las comunidades gobernadas por el PSOE, el titular de Sanidad ha asegurado que todos los consejeros se han mostrado partidarios de que se pudiera incluir.

“El acuerdo refuerza el calendario vacunal”, que hoy “es más común de lo que era antes”, ha subrayado Alonso, que ha señalado que el acuerdo responde a las peticiones de la Asociación Española de Pediatría y a la Sociedad de Vacunología.

Además, el ministro ha dicho que se trata de una demanda social que tiene fundamento, a la vez que ha informado de que en la reunión no se ha tratado la posibilidad de que la vacuna se vuelva a vender en farmacias.

Gracias a este acuerdo, los 425.000 niños que nacen cada año en España van a ser vacunados frente a la varicela, con lo cual se va a “mejorar mucho” la protección, en general, de los pequeños.

Además, va a acabar con la “situación de inequidad” que se estaba produciendo puesto que las familias que podían pagar unos 70 euros viajaban a Andorra o a Portugal para comprarla “y no todo el mundo se lo podía permitir”.

Extremadura

En esa reunión el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha propuesto devolver las competencias vacunales al Ministerio de Sanidad, “de donde nunca debieron salir”, según ha declarado al término de la reunión.

Esta propuesta ha sido lanzada tras acordar el Consejo, que ha estado reunido casi siete horas, la modificación del calendario vacunal para que la vacuna de la varicela vuelva a administrarse con financiación pública en la primera edad pediátrica.

Según Vergeles, nadie se oponía a esto “pero sí hemos apercibido al ministro -Alfonso Alonso- sobre la necesidad de seguir los procedimientos que están vigentes para la aprobación o supresión de cualquier vacuna del calendario vacunal”.

El consejero extremeño entiende que anunciar esta medida ante un foro como la Asociación Española de Pediatría “es un error que no debe volver a repetirse y deben seguirse los procedimientos fijados para que se incluyan o excluyan vacunas del calendario y explicar muy bien los motivos que aparecen en la ponencia técnica”,

Asistencia sanitaria a “irregulares”

El Ministerio de Sanidad ha planteado a las comunidades autónomas que los inmigrantes irregulares puedan acceder a la atención primaria a través de un documento, no una tarjeta sanitaria, y para adquirirlo deberían estar empadronados en ese territorio con una antigüedad mínima de un año.

Esta propuesta la ha dado a conocer el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, y fue planteada a las autonomías el pasado 14 de julio cuando aún no habían tomado posesión todos los consejeros del ramo tras las elecciones autonómicas y municipales celebradas el pasado 24 de mayo.

En esa reunión, según Moreno, el Ministerio planteó que además de al menos un año de empadronamiento los 'sin papeles' tuvieran el pasaporte en vigor y hubieran presentado la solicitud para recibir la asistencia en un centro de atención primaria, condiciones que aceptaron entonces los representantes de las autonomías asistentes.

El documento permitiría a los extranjeros en situación irregular tener la asistencia sanitaria primaria y quedaría a criterio del facultativo derivarles a un especialista, ha explicado Moreno, quien ha precisado que deberían pagar el 40 por ciento de los medicamentos en la farmacia.