ADEGA relaciona el caso Pokemon con concesiones hidroeléctricas a Iberdrola y Fenosa
Francisco Fernández Liñares, ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, está siendo investigado en el marco de la operación Pokemon por supuestos delitos de prevaricación, soborno y tráfico de influencias. Durante su mandato, el organismo que dirigía realizó numerosas concesiones de nuevos embalses o ampliación de los existentes a Iberdrola y Fenosa. Estos proyectos de Santo Estevo II y San Pedro II ya en marcha o los futuros de Santa Cristina, Belesar III, Os Peares III y Edrada-Sto. Estevo fueron denunciados sin cesar por las organizaciones ecologistas.
En concreto ADEGA denuncia que Fernández Liñares fue el gran defensor de estas concesiones “incluso contra le acuerdo del Senado de no autorizar nuevos aprovechamientos en estos ríos y la opinión de la entonces ministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar, quien había reconocido la sobreexplotación de la cuenca”. La organización añade que la Confederación “presentó un Plan Hidrológico a la medida de Endesa y Fenosa”. Los proyectos siguieron adelante por el empeño de Fernández Liñares a pesar de la oposición del gobierno bipartito en 2007. Por este motivo ADEGA entiende que la fiscalía debería investigar la tramitación de estas concesiones en el marco de la operación Pokemon.
La tramitación de las autorizaciones administrativas para la construcción de los embalses promovidos por Iberdrola en el Sil, los ya construidos de Santo Estevo II y San Pedro II (cuyas obras terminarán en 2013), y el previsto de Santa Cristina (que comenzarán en 2013-2014), estuvieron rodeadas de polémica por las inusuales declaraciones del entonces responsable de la Confederación Miño-Sil, manifestándose a favor de estos proyectos (“en Santa Cristina no habrá impacto ambiental”) y acusando a los ecologistas de “oportunistas políticos” y “desconocedores de la ley”. Incluso el entonces senador del BNG y hoy candidato de CxG por Ourense, Xosé Manuel Pérez Bouza, había denunciado en la cámara alta que “Fernández Liñares parecía actuar más como un representante de Iberdrola que como un responsable de una administración pública”.
ADEGA exige también la paralización de la tramitación de estas concesiones, en particular de las de Santa Cristina (Iberdrola) y Edrada-Santo Estevo (GN-Fenosa), instalaciones con un elevadísimo impacto ambiental y paisajístico sobre la Ribeira Sacra y la Red Natura 2000. Y a pesar de que la Xunta se desvinculó del proyecto alegando que la autorización dependía del gobierno central, ADEGA le recuerda a Núñez Feijoo que la Xunta tiene competencias ambientales plenas sobre los espacios protegidos gallegos.
