Condenan a los gestores del proyecto estrella del PP para el sector lácteo gallego
Es la última de Alimentos Lácteos. El juzgado Mercantil de Lugo acaba de condenar a los que fueron administradores de la compañía, Eugenio Montero y Arcadio López, a pagar 2,9 millones de euros por el perjuicio causado a la empresa al solicitar tarde el concurso de acreedores. Además, han sido inhabilitados durante dos años para administrar bienes ajenos después de ser los gestores de una sociedad que es ya un paradigma de un fracaso empresarial en el que los intereses políticos, los amiguismos y la irresponsabilidad fueron protagonistas.
Una empresa quebrada que operó en las instalaciones de Leche Pascual en Outeiro de Rei, que fue creada con capital cooperativo y que contó con el apoyo financiero (y algún otro) de la Xunta de Galicia. Unos 9 millones de euros de inyección pública gestionados por destacados militantes del PP, que ahora han sido condenados y cuyo proyecto fue elegido por el Gobierno gallego pasando por encima de una unión de más de veinte cooperativas liderada por Feiraco y que aspiraba a ser la semilla del deseado grupo lácteo gallego. Feijóo y Samuel Juárez, entonces conselleiro de Medio Rural, decidieron tomar otro camino. Y el viaje acabó rápidamente.
La sentencia confirma la situación de insolvencia de Alimentos Lácteos desde “por lo menos el año 2011”, que fue “admitida” por la empresa concursada y por los administradores. Pero no fue hasta mayo de 2013 cuando se pidió la solicitud de concurso, con la empresa ya sin actividad, con el pasivo subiendo y su activo devaluado. Además, el dictamen recuerda que la compañía tendría que haber solicitado el concurso antes del 23 de febrero de 2013, fecha hasta la que se podría haber aplicado una cláusula del contrato de alquiler con Pascual por la cual Alimentos Lácteos podría reclamar las indemnizaciones para el personal, de más de 2,5 millones de euros. Ni eso hicieron bien.
Porque todo fue un desastre desde sus orígenes. La Xunta vendió el proyecto como la semilla de un grupo lácteo a pesar de haber rechazado las garantías de la mayor unión de cooperativas, liderada por Feiraco y con gestores consolidados. El Gobierno gallego apostó claramente por dos pequeñas cooperativas amigas, La Arzuana y Gancobre, para llevar el timón del proyecto. Eugenio Montero, teniente de alcalde de Touro por el PP, sería el presidente; el secretario sería Arcadio López, número dos en el gobierno municipal de A Pastoriza, también del PP. Ellos son los dos condenados por la sentencia.
Samuel Juárez, en aquel entonces conselleiro de Medio Rural, decidió que esta era la mejor opción, a pesar de que Feiraco había conseguido reunir alrededor de su proyecto a la mayoría de cooperativas lácteas de Galicia para conformar un gran grupo gallego. Era el más serio y el que el mundo del campo veía con expectativas de futuro. Pero pocas horas antes de firmarse el compromiso, el ex presidente del PP de A Coruña, Romay Beccaría, fuerza un giro ante la sorpresa genera, tal y como denunció en numerosas ocasiones Unións Agrarias. De un proyecto global a una apuesta reducida y vinculada a familias del Partido Popular.
Un día antes de que la Xunta concediera la planta a las cooperativas lideradas por dirigentes populares, Samuel Juárez se reunió en Madrid con Gómez-Cuétara, presidente y consejero delegado de Leche Pascual. Fue después de esa reunión cuando Feiraco, que lideraba la otra oferta y tenía comprometidas las ayudas de la Administración autonómica, conoció que se quedaba sin el proyecto que ya había asegurado. Su sorpresa fue mayúscula. La decepción, también. Nadie nunca explicó con claridad qué pasó y por qué se dio ese giro. Alimentos Lácteos era la elegida, pero ni tan siquiera era una sociedad como tal, ya que no estaba inscrita en el Registro Mercantil. Pascual abortó la operación, desconectó el teléfono y dejó tirado al proyecto cooperativo tras reunirse con el conselleiro.
Alimentos Lácteos pretendía darle aliento al sector lácteo gallego a través de una marca de valor añadido (Deleite) y pagando precios dignos a los ganaderos. Para lograrlo, se valdría del plantel de la antigua fábrica de Pascual en Lugo, 81 trabajadores que así evitarían el paro al que estaban abocados. Poco tiempo lo hicieron. Hay 77 trabajadores a los que la compañía adeuda 900.000 euros desde que las máquinas dejaron de trabajar en Outeiro de Rei. Y hay muchas más deudas por pagar. A los ganaderos se les llegó a pagar la ridícula cifra de 20 céntimos por litro. Todo fue a peor. En su desastre, la empresa arrastró también a cientos de ganaderos, como los que acudieron a las ampliaciones de capital entregando millares de toneladas de leche a cambio.
“A lo mejor era la solución menos mala de entre todas las malas, pero es obvio que la Xunta encargó el proyecto por enchufismo a cooperativas amigas que tenían que asumir enormes procesos de industrialización y con una complejidad muy grande: era algo demasiado ambicioso y sin las garantías suficientes”, aseguraba a este diario al confirmarse la liquidación Christian López, secretario comarcal de Fgamt-CIG y uno de los portavoces del comité de empresa.
Tras el juicio, la Federación Rural Galega (Fruga) solicitó que se cree en el Parlamento de Galicia una comisión de investigación para aclarar las causas de la quiebra de Alimentos Lácteos porque “se demuestra que esta comisión es más necesaria que nunca para aclarar las contradicciones en las que se incurrieron y porque Eugenio Montero y Arcadio López fueron cargos públicos del PP”.
