Feijóo incumple su propio plazo para aprobar el recortado plan anticorrupción
Ninguna normativa lo obligaba y nadie se lo había pedido, ni siquiera la oposición, que lo instaba a comenzar por explicar los casos de “presunta financiación ilícita del PP”. A pesar de todo, el presidente de la Xunta ascendió el pasado 27 de enero a la tribuna del Parlamento para, después de más de 40 vetos a peticiones de explicaciones sobre supuesta corrupción, comparecer no sobre casos concretos, sino sobre lo que denominó “plan de impulso democrático”. Se trataba de un proyecto de cinco leyes que el presidente desmenuzó para presentarlas como cincuenta medidas y que traía consigo un plazo muy concreto, “cincuenta días”, y una advertencia a la oposición: “lo vamos a conseguir, con o sin ustedes”, dijo Feijóo. Setenta días después el plan todavía no está culminado y ha sufrido, por obligación, el recorte de alguna de sus promesas estrella.
Este lunes, 6 de abril, el portavoz del PP en el Parlamento, Pedro Puy, anunciaba el registro por parte de su grupo de la quinta de las cinco leyes prometidas, la de reforma del Consello de Contas [Consejo de Cuentas]. La norma crea una nueva sección en el ente fiscalizador para otorgarle competencias de lucha contra la corrupción y amplía sus competencias para, por ejemplo, controlar las cuentas de los partidos políticos más allá de los procesos electorales. Además, permite que la ciudadanía presente directamente denuncias ante el Consello, que iniciará un procedimiento a raíz de las mismas si considera que tienen “verosimilitud”. Estas y otras nuevas funciones tendrán que ser desarrolladas por el Consello de Contas sin contar con más personal, toda vez que el PP cree que es “suficiente” aunque el propio consejero mayor, el ex secretario general del PP y ex conselleiro Jesús Palmou, reclamó más medios en el caso de, como va a suceder, tener que asumir nuevas competencias.
También fue presentada fuera del plazo prometido la nueva ley de transparencia, anunciada por el presidente como “la más avanzada de Europa” mientras su propio Gobierno todavía incumple la que ya está vigente desde 2006. La nueva norma, que engloba nuevas exigencias de la legislación estatal como la creación en internet de un portal único de transparencia, regula la publicación de las declaraciones de bienes de los altos cargos y de sus posibles incompatibilidades, así como aspectos relativos al traspaso de poder entre gobiernos, entre otros. La futura ley pasó por el Consello da Xunta en forma de anteproyecto el 19 de marzo, una jornada después de que venciera el plazo de 50 días, y se prevé que entre en vigor, como muy temprano, después del verano.
Una semana antes de la ley de transparencia el Consello abordó, también como anteproyecto -esto es, todavía no como proyecto preparado para ser remitido al Parlamento-, la futura ley de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general, que unifica en una única norma las directrices que regulan la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma y que, en el ámbito de la corrupción, fija la imposibilidad de que los altos cargos incursos en este tipo de casos tengan asistencia letrada con cargo a fondos públicos. Esta norma va en la línea de la jurisprudencia sobre el pago de abogados a cargos de la administración local y llega después del escándalo de los ediles de Santiago que aprobaron que el Ayuntamiento le pagara la defensa a Adrián Varela, ex concejal imputado en el caso Pokémon, caso por el que fueron inhabilitados por prevaricación en primera instancia y después absueltos por la Audiencia Provincial.
Promesa imposible sobre la financiación de los partidos
Mientras que a las mencionadas tres leyes todavía les resta un buen camino por delante las otras dos ya han iniciado el trámite parlamentario. La que más avanzado lo tiene es la de “financiación de formaciones políticas y de fundaciones y asociaciones vinculadas”, aprobada por el Consello, esta sí como proyecto, el 19 de febrero y que se tramita en la Cámara desde el 25 del mismo mes. Esta norma, no obstante, llegó al legislativo gallego notablemente descafeinada con relación a la promesa presidencial. Después de que, en varias ocasiones, Feijóo prometiera literalmente la “prohibición de donaciones a los partidos por parte de personas jurídicas” la propia Xunta tuvo que recular y admitir que no cuenta con competencias para hacerlo, por lo que únicamente podrá condicionar la concesión de ayudas a los partidos que reciban aportaciones de empresas, unas aportaciones que en el ámbito gallego prácticamente no existen y que en el Estado han sido recibidas sobre todo por el PP en los últimos años, según el Tribunal de Cuentas.
El dibujo del prometido “impulso democrático” se completa con la quinta ley, la de “iniciativa legislativa popular y participación ciudadana en el Parlamento de Galicia”, canalizada a través del Grupo Popular y en trámite parlamentario desde el 16 de febrero. Esta norma rebaja el número de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular y abre la posibilidad de que la ciudadanía formule proposiciones no de ley o preguntas al Gobierno siempre y cuando estas sean asumidas por alguno de los grupos políticos, lo que en la práctica supone formalizar algo que ya sucedía informalmente. Según Feijóo la entrada en vigor de estas cinco leyes servirá para “restaurar los puentes que nos conectan con la ciudadanía y romper los que facilitan la labor de los indeseables”.
