Galicia: Continúan los incendios, aumentan las críticas
No estaba siendo el verano con más incendios ni el de más superficie quemada. Las temperaturas, por debajo del habitual y un lluvioso inicio de estación habían ayudado hasta mediados de agosto a limitar el daño, pero la sucesión de fuegos registrados en las últimas dos semanas comienza a generar críticas diarias a la política forestal y agraria de la Xunta por parte de partidos políticos, sindicatos y colectivos profesionales.
Un incendio iniciado en Oia este lunes por la tarde lleva quemadas ya más de 1.500 hectáreas y permanece activo. Ha obligado a desalojar 176 personas de sus casas, decretándose el nivel 1 de alerta, y las llamas han penetrado ya en los términos municipales de Tomiño y de O Rosal, ayudadas por el viento que se registra en la zona. Este gran incendio, y otros pequeños focos en Salvaterra, Xinzo o Cotobade se suman a los registrados en las últimas semanas en Cualedro o Nogueira de Ramuín. En total, más superficie quemada en los últimos 15 días que en los siete primeros meses del año.
Denuncias de Apropiga, BNG y Fruga
Apropiga, asociación que agrupa a los profesionales del Servicio Público de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, ha mostrado este marte su “malestar” por la “falta de honestidad que observamos desde la Consellería en sus manifestaciones sobre la valoración del dispositivo desplegado este verano”. Y señala que las declaración de la consejera de Medio Rural y Pesca, “en las que descalifica las afirmaciones de diferentes colectivos sociales y políticos sobre la irracionalidad del dispositivo”, y en las que afirma que existe una “coordinación fantástica” entre las brigadas municipales, de la Xunta y los medios dispuestos por el Gobierno central “son un engaño a la opinión pública y pretenden ocultar una realidad bien distinta”.
Apropiga critica especialmente la recuperación de las brigadas municipales, que considera “ineficaces” y en las que “bajo un barniz de formalismo legal en las pruebas de acceso y constitución de estas brigadas se oculta una verdadera promoción de personas por intereses familiares y políticos”. También recuerda que “delante del fracaso de la Consellería para completar las brigadas de refuerzo por los ayuntamientos, decidió recurrir a la empresa pública Tragsa cuando, inicialmente, no estaba contemplado en el Pladiga”. Y denuncia también la actuación de las brigadas helitransportadas de la empresa Natutecnia, “la clara demostración de cómo se puede hacer un lucrativo negocio de los incendios forestales”.
El colectivo concluye que “el modelo propuesto por la Consellería de Medio Rural es inoperativo y desorganizado” y que “no tiene en cuenta la experiencia de los profesionales”. Demandan “la corrección de esta clase de políticas por parte de la Consellería para volver a un sistema único, profesionalizado y público” y afirman estar “hartos” de “recibir las enhorabuenas y el ánimo hipócrita del presidente de la Xunta y de la consejera, cuando son ellos los que en nos precarizan y nos ignoran”.
De igual manera, este martes una delegación del BNG visitó la 'zona cero' de los incendios de la pasada semana en la comarca ourensana de Monterrei. Allí la diputada del BNG Tereixa Paz señaló que “hace falta que el presidente de la Xunta comparezca en el Parlamento y explique como va a replantear el dispositivo contraincendios” y añadió que la falta de medios y que no haya un dispositivo unificado “dificultan enormemente las tareas de extinción” y que “la insuficiencia de medios provoca que sean los vecinos y las vecinas los que tienen que luchar contra los incendios para que estos no afecten sus casas”. “Es una vergüenza que Feijóo haya venido ayer, cuando ya había pasado el peligro y lo único que se le ocurrió fue solicitar la ayuda de los vecinos. No sabemos si también vino a repartir mangueras”, criticó irónicamente Paz recordando la imagen del actual presidente de la Xunta en 2006.
Por su parte, la Federación Rural Galega (FRUGA) señaló también este martes que “pretender reducir el problema de los incendios a una cuestión de orden pública, como pretende interesadamente el gobierno del PP” supone “desenfocar completamente las causas últimas de esta problemática, y por lo tanto, errar en los diagnósticos y en los tratamientos para hacerle frente”.
Para FRUGA el origen de los fuegos forestales en Galicia hay que buscarla “en una política agraria destructiva con las potencialidades del campo gallego que llevó a la desertización de amplias comarcas de la nación, y en una política forestal que primó el productivismo maderero con especies de crecimiento rápido desligado de la actividad agraria”. Y denuncia que “la línea de trabajo del PP en el Gobierno Gallego a respecto del mundo rural estuvo y está encaminada a la destrucción de la capacidad agraria gallega” y añade que se “estuvo incentivando y subvencionando el abandono de la actividad agraria, única actividad económica real y con posibilidad de desarrollo para muchas comarcas gallegas, que finalmente quedaron desiertas y su territorio, al carecer de actividad agraria, abandonado al matorral”. Fruga recuerda que “en las comarcas rurales donde la actividad agraria sigue siendo importante, la incidencia de los fuegos es mucho menor que las otras comarcas rurales sin actividad agraria”.
Hace unos días Isabel Vilalba, secretaria general del Sindicato Labrego Galego, defendía en conversación con Praza Pública que “la primera cosa que hay que solucionar, y no hay valentía política para hacerlo, es el problema de ordenación de territorio”. Afirma que la falta de ordenación “produce una enorme cantidad de parcelas que tienen poca dimensión o no tienen buen acceso, lo que produce un abandono”. Esta situación “se produce todo el año sin una política de prevención efectiva” a pesar de que “todo el mundo se alerte en agosto”, dice. El secretario de Desarrollo Rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo, también apunta al abandono como “el gran problema que tiene Galicia en el sector forestal y en la principal causa de los fuegos”. Ambos culparon de la situación a la bajada de la franja de protección de 100 a 50 metros realizada por el PP en su reforma de la Ley de Montes.
