Los juzgados de Vigo esperan más de 20.000 asuntos relacionados con el 'cártel de los coches' en 2024

Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Dodge, Opel y, por supuesto, Peugeot y Citroën. Nueve de las treinta y cuatro marcas sancionadas en el llamado “cártel de los coches” -una trama participada por las marcas que copan el 90% del mercado para fijar sobreprecios en sus vehículos- pertenecen a la misma matriz: Stellantis. La división española de este grupo, surgido hace casi tres años de la fusión entre Fiat Chrysler y PSA, tiene su domicilio social en Vigo y por eso los juzgados de la ciudad se preparan para una auténtica avalancha de asuntos relacionados con este caso: tres mil hasta final de año y 20.000 más en 2024.

Esas son las cifras que estima el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Por eso, según recoge Europa Press, su Sala de Gobierno ha aprobado solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que refuerce el juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica. El alto tribunal gallego pide al CGPJ que apruebe que, en el reparto de estos asuntos, puedan entrar -a través de una comisión de servicio- los magistrados de los juzgados de lo Mercantil 1 y 2 de Pontevedra, que tienen sede en la capital de la provincia. También solicita el visto bueno a un autorrefuerzo de la magistrada titular del órgano vigués.

Las peticiones del TSXG no se dirigen sólo al Consejo. También ha demandado a la Xunta que dote este juzgado de más funcionarios para hacer frente a esta sobrecarga prevista.

Stellantis es el mayor fabricante de vehículos en España, donde tiene tres plantas en funcionamiento: la de Vigo -la de mayor producción del grupo en toda Europa-, la de Villaverde en Madrid y la de Figueruelas en Zaragoza. En 2022 consolidó su liderazgo en el sector tras producir, según sus propios datos, 851.661 automóviles -404.585 en Vigo, 365.263 en Zaragoza y 81.812 en Madrid-. Esto supone casi uno de cada cuatro de los 2.219.462 vehículos (38,4%) salidos de las cadenas de montaje en el país, según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC.

Tras la absorción por parte de Opel España de PSAG Automóviles Comercial España y Peugeot Citroën Automóviles España, para convertirse en Stellantis España, el grupo cerró el ejercicio de 2022 con un beneficio de 289,7 millones de euros, casi cinco veces más (+380%) que los 60,5 millones obtenidos en 2021.

El cártel

Entre febrero de 2006 y agosto de 2013, numerosos fabricantes y otras empresas de distribución, venta y postventa de automóviles intercambiaron información comercialmente sensible y estratégica en el mercado español. Dado que las marcas involucradas representaban casi el 91% del total de ese mercado, poner en marcha esta estrategia común y anticompetitiva les permitió controlar e “inflar” el precio de los vehículos. Las estimaciones indican que, en ese período, se vendieron en España alrededor de 10 millones de coches con un sobreprecio que los afectados estiman entre el 10% y el 15%.

Un año después, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) comenzó a investigar la situación. Y entre 2015 y 2016 multó a una veintena de marcas de coches, a 130 concesionarios y a dos consultoras con 171 millones de euros.

Las firmas recurrieron las sanciones pero, en 2021, después de un largo camino judicial, el Tribunal Supremo confirmó -aunque con algunas modificaciones- los fallos de la CNMC. Es decir, corroboró la existencia del cártel y, por tanto, también de los sobreprecios. Esto abrió la posibilidad de que quienes hayan adquirido algún vehículo en aquellos años y hayan sido víctimas del cártel puedan iniciar acciones judiciales para reclamar una indemnización por el sobreprecio pagado en esa oportunidad.