Piden cinco años de cárcel para siete estudiantes por una protesta contra los recortes
El jueves de la pasada semana concluyó en los juzgados de Ourense el juicio por el que se piden hasta cinco años de prisión y 5.000 euros de multa para siete estudiantes que participaron en una protesta tras las movilizaciones contra las primeras medidas del Gobierno de Rajoy en política educativa, allá por octubre de 2012. Entre diversas acusaciones –la particular y la de la Fiscalía–, destacan la de delitos de desorden público y la de atentado con falta de lesiones contra los policías, en una causa que varios de los chicos consideran “política” y sobre la que denuncian “graves irregularidades” y un intento por “acabar con el movimiento estudiantil y de protesta”, algo que, como denuncian algunos de los implicados, “ya habrían conseguido”.
“Desde entonces, las movilizaciones se frenaron en seco a causa de la agresividad mostrada por los agentes”, denuncia Jon Sáez, uno de los acusados, militante de Izquierda Unida y candidato en las listas de AGE al Parlamento gallego en las últimas elecciones autonómicas. Este joven era uno de los presentes en aquella movilización en la que varios estudiantes –la mayoría, de Secundaria y menores de edad– intentarón continuar la protesta en las calles ocupando la Biblioteca Pública Nodal y acusa a los agentes de la policía de “cargar con enorme agresividad” a varios jóvenes durante la aglomeración que se montó en las escaleras del centro.
Sáez espera que todos los estudiantes “sean absueltos” después de “demostrarse en el juicio con datos objetivos de todo tipo que fue la policía quien agredió”. “Esperemos que sea así porque hay pruebas más que de sobra”, explica a este diario quien advierte, como sus compañeros, de varias “manipulaciones criminalizadoras” por parte de las fuerzas de seguridad. “Fue una actitud intimidatoria y temeraria ante mucha gente reunida y en la que no se estableció diálogo alguno”, recuerda el joven, que censura que se pidan “cinco, cuatro o tres años” por una “reivindicación política para defender algo que es de todos”.
Además, acusa a la policía de “seleccionar a las personas acusadas” y de “manipular pruebas”, como el caso de una foto que “en la denuncia sale recortada y que en el original muestra a un agente con una porra en la mano”, lo que contradice la versión que defendieron en el juicio los agentes denunciantes, “ya que afirmaron no haber usado en ningún momento actitudes violentas con los estudiantes y mucho menos haber hecho uso de porras o de cualquer tipo de arma reglamentaria”. Además, Sáez cuenta cómo él mismo no fue reconocido en el atestado policial, pero sí denunciado “tres días después y después de salir en los medios”, a pesar de que en la ronda de reconocimiento tampoco fue reconocido.
“Primero me dicen que yo golpeo a un policía por delante, me acusan de una agresión que habría venido de otra persona y más tarde otros agentes aseguran que los golpeé en el lomo y no en la cara”, explica Sáez, que destaca también las “contradicciones” de dos testigos llevadas por la policía “que son abuela y nieta” o vídeos a los que aluden las fuerzas de seguridad “y no son presentados como pruebas”. “¿Querían ocultar algo escondiendo esas imágenes? ¿Se veía allí que eran ellos quienes agredían?”, se pregunta.
Y Jon Sáez va más allá, al asegurar que los propios agentes habrían reconocido que hacían “fichas policiales” de manifestantes. “Es una selección de aquellos más conscientes para descabezar las protestas”, denuncia quien también aclara que una funcionaria judicial le habría confesado que estaba siendo “vigilado”. “Durante varias semanas tuve un coche cerca de mi casa día tras día, que luego me confesaron que eran policías camuflados”, insiste. Jon Sáez sufre de ansiedad e insomnio y recibe tratamiento, todo derivado de este caso.
El que fue candidato de AGE insiste en un “juicio político y nada justo” e insiste en la actitud “agresiva” de la Fiscalía y en las conversaciones de los agentes de policía durante el juicio para “acordar” una declaración ante las que considera “evidentes contradicciones”. Confía en que él y el resto de participantes sean “absueltos” pero denuncia unas actuaciones que los imputados entienden como “un ataque político a la protesta social y estudiantil de la ciudad, como manifiesta el hecho de que uno de ellos –y al que se le piden las mayores penas– sea precisamente un aspirante a entrar en el Parlamento”.
Del mismo modo, Jon Sáez considera que aquella actuación policial fue “el cúlmen” de una serie de “agresiones” que habrían comenzado algo antes con aquella polémica carga sobre menores de edad en la misma ciudad de Ourense u otro desalojo previo de la misma Biblioteca.
Durante el juicio, solo uno de los siete jóvenes acusados reconoció que había golpeado a un policía “con la mano” porque se había visto “atrapado”. “Reaccioné así en un momento de ofuscación”, aseguró, mientras que el resto no solo no reconoció los hechos, sino que acusó a los agentes de “actitud hostil” o “chulesca y agresiva”.
