La Audiencia Nacional explora la frontera entre el derecho a la libertad de expresión y el enaltecimiento del terrorismo en el juicio contra Causa Galiza y Ceivar

Militantes de las organizaciones independentistas gallegas Causa Galiza y Ceivara comparecen como acusados en la primera sesión de su juicio en la Audiencia Nacional. EFE/Fernando Villar

Doce independentistas gallegos se enfrentan en la Audiencia Nacional a 102 años de prisión. La Fiscalía los acusa de enaltecimiento del terrorismo y de “pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista y de sus miembros”. Esta semana discurrió el núcleo del juicio, a falta de que el 3 de noviembre las partes acusadas lean sus consideraciones finales, que se ha convertido finalmente en una disquisición sobre los límites de la libertad de expresión y de los derechos de participación política.

Doce independentistas gallegos se enfrentan a una petición de prisión de 102 años por “enaltecimiento del terrorismo”

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La acusación fundamentó los cargos sobre informes de inteligencia, redactados por la Guardia Civil. Aunque el proceso llegó a la sala 3º de la Audiencia Nacional el lunes 19 de octubre, las detenciones de nueve militantes del pequeño partido Causa Galiza -independentista y de orientación socialista- sucedieron en 2015. Las otras tres personas, pertenecientes al colectivo de apoyo a presos Ceivar, cayeron en 2017. Hace cinco años, los informes policiales pretendieron descubrir el supuesto brazo político de una organización terrorista, pero la causa, explica uno de los abogados de la defensa, “se fue desdibujando”.

Tanto se desdibujó que solo dos años después de aquellos primeros arrestos, realizados con un gran despliegue policial y mediático -uno de los detenidos explicó en el juicio como fueron 30 agentes los que entraron en su domicilio “con gran violencia” y luego lo interrogaron en Tres Cantos (Madrid) sobre quién llevaba las redes sociales de Causa Galiza o quién era su portavoz, algo de conocimiento público-, el delito de integración en banda armada había desaparecido de los documentos de la investigación. Fue entonces cuando la llamada Operación Jaro, ya en su segunda fase, estableció los delitos finales que la Fiscalía llevó ante el juez Alfonso Guevara. "No se dice que sean una organización terrorista", admitió la acusación, "lo que se dice es que son estructuras organizativas para enaltecer, justificar y dar apoyo a la organización terrorista Resistência Galega".

“Las pruebas son las que son, los informes de la Guardia Civil”, explica el abogado Guillermo Presa, que representa a Causa Galiza como entidad, “la cuestión es qué valoración jurídica se hará de actos realizados con publicidad”. El escrito de la acusación relata los hechos que, a su ver, constituyen los fundamentos de los delitos que imputan a los 12 independentistas. Se trata, sobre todo, de participación en recibimientos públicos de ex presos o en mítines conmemorativos del denominado Día da Galiza Combatente -el 11 de octubre-, que recuerda a los dos integrantes del Exército Guerilheiro do Povo Galego Ceive muertos en 1990 al explotar en una discoteca de Santiago el artefacto que transportaban. Ese día falleció además otra mujer ajena a la banda.

Lo significativo es que los hechos por los que están imputados se realizaban a la luz del día, comunicados a las correspondientes sudelegaciones del Gobierno. “La actividad de Causa Galiza nunca fue clandestina”, llegó admitir uno de los funcionarios policiales que habló como testigo en el juicio. “¿Cómo puede ser que organizaciones legalizadas [Causa Galiza y Ceivar] sean tratadas como organizaciones criminales?”, se pregunta Presa, para quien existe una “grave incoherencia interna” en la acusación de la Fiscalía.

Durante los tres días que, hasta ahora, ha durado la vista, la acusación se ha esforzado en sostener las tesis con las que la policía impulsó la causa. A preguntas de los abogados de la defensa, los testigos de la acusación explicaron como el enaltecimiento se sustanciaba en “marchas a las prisiones, felicitaciones de cumpleaños o campañas de apoyo a los presos, para dar ánimos, de familiares y amigos”. Al referirse a conferencias ofrecidas por alguno de los acusados, llegaron a señalar que en ellas se ensalzaba a “miembros del ideario revolucionario independentista como Moncho Reboiras”. A ello respondió la defensa con un recordatorio: “¿Sabe usted que Reboiras está considerado víctima de la dictadura?”. La Policía asesinó a este militante de la Unión do Povo Galego (UPG) en Ferrol en agosto de 1975.

Brais González, letrado de los militantes de Ceivar encausados, insiste en que tanto la organización de sus representados como Causa Galiza estaban perfectamente legalizadas. De hecho, el juez Eloy Velasco llegó a decretar en su día “la suspensión cautelar de actividad” de esta última, que la propia Audiencia Nacional dejó después sin efecto. Ahora es el delito de “pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista y sus miembros” el que, a decir de la defensa, puede sostener la ilegalización de ambas agrupaciones. “Pero se trata de una fórmula jurídica que no tiene antecedentes en el Estado español, introducida por la acusación”, considera González.

Para ambos abogados, lo que se sustancia en el juicio contra los 12 independentistas gallegos, es importante, dado que se trata de presuntos delitos “directamente relacionados con la libertad de expresión y de participación política”, según Guillermo Presa. Él mismo es consciente de que en este tipo de cuestiones “ha habido una evolución”. “Después del pico que se tocó con Cassandra o César Strawberry [condenados por publicar chistes sobre Carrero Blanco en las redes sociales], ha habido cambios. El caso de Strawberry acabaría en el Constitucional con una sentencia absolutoria que echó por tierra la primera acusación defendida en el Supremo por el magistrado Manuel Marchena. A ver cómo se refleja en esta sentencia”, explica el letrado.

El juicio ha levantado una gran ola de solidaridad con los encausados. Partidos soberanistas como el BNG o Anova han exigido la absolución, al igual que sindicatos como la CIG -mayoritario en Galicia por número de delegados- o la CUT. Una manifestación de apoyo recorrió las calles de Santiago de Compostela el pasado domingo, y su pancarta -“ni ilegalizaciones ni encarcelamientos”- la sujetaban, entre otros, el secretario general de la CIG Paulo Carril, el cantautor y diputado del Bloque Xose Luís Rivas, Mini, o el portavoz nacional de Anova y ex diputado de En Marea Antón Sánchez. Más de 1.500 personas han suscrito un manifiesto en el mismo sentido, en el que figuran las firmas del histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras o de escritores como Xosé Luís Méndez Ferrín y Suso de Toro.

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25 de octubre de 2020 - 06:00 h

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