La auditoría de seguridad ferroviaria que encargó la exministra Pastor tras Angrois la firma un imputado por el accidente
El 9 de agosto de 2013, dos semanas después del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois que dejó 80 muertos y 144 heridos, la entonces ministra de Fomento, la popular Ana Pastor, compareció en el Congreso de los Diputados y, entre otras cosas, anunció una auditoría general de la seguridad en toda la red ferroviaria española. Nunca más se supo de aquel análisis hasta ahora, que acaba de ser obtenido por la plataforma de víctimas del siniestro en aplicación de la ley de transparencia. Según Fomento, aquella auditoría se reflejó en tres documentos. El elaborado por Renfe, que concluye garantizándole al ministerio su “total cumplimiento” de la normativa de seguridad, fue firmado por su entonces director de Seguridad en la Circulación, Antonio Lanchares, imputado hace un año en la causa judicial y que acaba de dejar el cargo cinco años después.
Según el relato que hizo en su momento la ministra Pastor en el Congreso, al día siguiente del accidente el ministerio encargó una auditoría de la seguridad de toda la red ferroviaria, estudio de cuya coordinación se encargó el entonces secretario de Estado y después ministro Rafael Catalá. En abril de 2014 se conocerían las conclusiones de una denominada comisión científico-técnica de expertos que Fomento creó de manera paralela para analizar posibles mejoras del sistema ferroviario español, con diversas recomendaciones en materia de seguridad. Pero de la auditoría anunciada previamente sobre la situación de la seguridad en el momento del accidente nunca más se supo hasta que hace unos meses la plataforma de víctimas del siniestro decidió solicitarla a través de los mecanismos habilitados por la ley de transparencia. Inicialmente el Gobierno, con el PP aun en él, rechazó la petición. Las víctimas recurrieron ante el Consejo de Transparencia, que les dio la razón, y Fomento, ya con el PSOE en el poder, les remitió en agosto la información que solicitaban.
Según el ministerio, aquella auditoría se reflejó en tres informes elaborados por la Dirección General de Transporte Terrestre, la Dirección General de Ferrocarriles y Renfe. Los documentos concluyen que en líneas generales se cumplía la normativa ferroviaria tanto en lo referente a la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente de Angrois como en el resto de líneas, con defectos menores como la ausencia de libro de reclamaciones a bordo de algunos trenes detectada por varias inspecciones.
El documento elaborado por Renfe, que recoge las homologaciones y certificados conforme cumplía con los requisitos para operar como empresa ferroviaria en general y en la línea Ourense-Santiago, era tajante: “Se concluye del análisis realizado el total cumplimiento por parte de Renfe-Operadora de las disposiciones vigentes contenidas en la Ley del Sector y en las normas que la desarrollan”. El documento lo firma justo a continuación de esa conclusión el director de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, imputado desde hace un año en la causa judicial que investiga el accidente, lo que propició su salida del cargo a comienzos de este mes de septiembre.
Lanchares fue quien en junio de 2012, un año y un mes antes del siniestro, pidió a su homólogo de Adif, Andrés Cortabitarte, permiso para desconectar el sistema de control constante de la velocidad propio del AVE (ERTMS) a bordo de los trenes Alvia en la línea entre Ourense y Santiago porque daba fallos. La avería, que Adif siempre defendió que se producía en los trenes y no en sus vías, debería estar reparada en un mes, pero no fue así y los Alvia siguieron circulando sin ERTMS hasta que un año y un mes después uno de ellos descarriló en Angrois por exceso de velocidad. Tras ese siniestro, Adif instaló otras medidas de seguridad convencionales, pero el ERTMS no fue reparado y puesto en servicio nuevamente a bordo de los Alvia de Renfe hasta otro año y un mes después, en agosto de 2014.
En total, bajo la dirección de Lanchares el ERTMS permaneció desactivado a bordo de los Alvia dos años y dos meses. Hace un año el juez argumentaba la necesidad de imputarlo en la investigación, junto con el maquinista y otros técnicos, por la manera en que desactivó el sistema “sin que conste que, con carácter previo, se realizara una previa evaluación del riesgo que podría representar para la seguridad en la circulación tal desconexión”. Durante el anterior Gobierno del PP, Renfe elogió y avaló a Lanchares, a quien mantuvo en su puesto.
